Género y Desarrollo

Las mujeres, en general, han mantenido una situación histórica de desigualdad en cuanto a su status social y profesional, si bien ha sido una situación variable según países y según áreas territoriales. Con total subordinación al marido, las mujeres se encargaban de las tareas del hogar, del cuidado de los hijos y los mayores, y, en el caso de las comunidades rurales, las mujeres trabajaban además como “ayuda familiar” en las tareas agrícolas, sin que ello le significara reconocimiento profesional alguno.

Aunque a distintas velocidades unos países de otros, esta situación ha ido cambiando afortunadamente a lo largo de las últimas décadas como consecuencia de dos procesos que se han desarrollado de forma paralela, pero cuya convergencia resulta imprescindible para lograr la igualdad real entre hombres y mujeres.

Uno de esos dos procesos es de naturaleza jurídico-política, y consiste en el reconocimiento de los derechos de la ciudadanía al conjunto de la población, gracias al desarrollo de los sistemas democráticos: sin democracia no hay libertad plena, ni puede un colectivo desfavorecido, como el femenino, reivindicar su derecho a la igualdad. Pero no basta con el reconocimiento jurídico de los derechos de igualdad, sino que debe hacerse real la posibilidad de ejercerlos, movilizando los obstáculos y resistencias sociales y culturales que se oponen a ello.

Por eso es necesario que, en contextos democráticos, se desarrollen de forma paralela procesos de naturaleza social que permitan extender al conjunto de la sociedad los valores de igualdad de género reconocidos jurídicamente, pero todavía no suficientemente interiorizados por la población. De ahí, la importancia de las organizaciones civiles, y muy especialmente de las que se ocupan de promover la igualdad entre hombres y mujeres en el seno de la familia, de impulsar el acceso de la mujer al trabajo y de favorecer su plena realización social y profesional.

En lo que se refiere a las áreas rurales, los programas de cooperación, centrados en revitalizar el ámbito “local” como escenario de actuación, han permitido la puesta en valor de recursos endógenos, tanto materiales como humanos, que se incorporan a las nuevas estrategias de desarrollo como uno de sus ejes fundamentales. En esas estrategias se considera que los recursos locales deben movilizarse a partir de las estructuras socio-culturales existentes en cada comunidad, impulsando, cuando sea necesario, innovaciones institucionales que permitan alcanzar su óptimo aprovechamiento y avanzar por la senda de un desarrollo sostenible en su triple dimensión económica, social y ambiental.

El enfoque del “capital social”, tan recomendado en todos los informes del Banco Mundial y en las recientes evaluaciones de los programas internacionales de cooperación al desarrollo, incide precisamente en la importancia de la confianza entre vecinos, de las redes sociales, de la credibilidad y eficiencia de las instituciones y en la sinergia entre los poderes públicos locales y la sociedad civil organizada.

En este sentido, las comunidades locales no sólo representan una valiosa fuente de tradiciones y conocimiento popular, sino también una base inagotable de recursos económicos y materiales (agricultura, ganadería, artesanía y turismo rural) sobre la que apoyar cualquier estrategia de desarrollo. Pero además, las comunidades locales son una relevante fuente de capital humano y social, donde las mujeres como recurso endógeno, constituyen un elemento importante, ya que, a su capacidad como eje vertebrador de las economías familiares, se le une su actitud ante la vida, su innato sentido de sociabilidad y su potencial para emprender iniciativas innovadoras cuando se les ofrece las oportunidades adecuadas.

La estrategia Género en el Desarrollo (GED), más que cualquier otro enfoque sobre la participación de las mujeres en el desarrollo, se ha mostrado muy fecunda a la hora de construir conceptos: intereses y necesidades de género prácticos y estratégicos, triple rol, posición y condición de las mujeres, potencial de transformación; y marcos analíticos, para la evaluación del impacto de género de los procesos de desarrollo.

Las impulsoras de GED han propuesto el análisis de género como el instrumento básico para obtener información sobre las relaciones entre mujeres y hombres en un contexto determinado, y como una herramienta imprescindible para diseñar acciones de desarrollo y ayuda humanitaria. El análisis de género consiste en el examen sistemático de las funciones desempeñadas por mujeres y hombres, teniendo en cuenta los desequilibrios existentes en su acceso al trabajo, los recursos, el ocio, la riqueza, la cultura y el poder. Por tanto, permite comprender los procesos e instituciones sociales que producen y reproducen la desigualdad genérica; los mecanismos de dominación que utilizan los hombres, como grupo social; las formas en que las mujeres son expropiadas de los beneficios de su trabajo; la valoración asimétrica de la capacidad y comportamientos de ambos sexos, así como el distinto acceso a recursos y poder que así se genera.

No obstante, el camino a recorrer aún es largo y será necesario acometer acciones desde las instancias pública y privada para garantizar a las mujeres que habitan en el medio rural las condiciones necesarias para que puedan desplegar su potencial como actores del desarrollo y lograr la plena realización de su personalidad como seres humanos. Conscientes del potencial que encierran las comunidades locales y de la necesidad de remover los obstáculos que se oponen al pleno desarrollo de las mujeres como actores sociales y económicos, los distintos Estados y las instituciones de cooperación internacional se vienen ocupando de aplicar programas de igualdad de oportunidades, destinados a promover la igualdad entre hombres y mujeres en las áreas rurales. Para ello, desde los organismos públicos supranacionales (UE, ONU, OIT, OCDE,…) ya desde los años 70 comenzaron a ponerse en marcha medidas a favor de la promoción de la mujer en los ámbitos económico, social, político y laboral, y del reconocimiento de la igualdad entre hombres y mujeres.

Concretamente, la legislación de la Unión Europea (UE) recoge la igualdad de trato y de oportunidades como un principio fundamental de su ordenamiento jurídico, aprobando numerosas directivas, resoluciones y programas de acción comunitaria en ese ámbito. En lo que concierne a los distintos Estados miembros, se está siguiendo la estela trazada por la UE, aprobándose “Planes de Igualdad de Oportunidades” y creándose Institutos de la Mujer tanto a nivel nacional como regional.

Esa voluntad política se está extendiendo al ámbito de los programas de cooperación internacional al desarrollo, de forma que se introduce la variable género en dichos programas, vehiculándose acciones destinadas a remover los obstáculos que se oponen a la igualdad entre hombres y mujeres y a promover el acceso de la mujer al trabajo y la autonomía profesional. Aunque en muchos países en vía de desarrollo, la variable político-democrática sigue siendo una asignatura pendiente, eso no debe ser óbice para que se intente trabajar en esa otra dimensión no política, sino social, como es la actuación en las comunidades locales, la puesta en marcha de programas de cooperación que den protagonismo a las mujeres, o el desarrollo de experiencias de integración entre hombres y mujeres que permitan compartir tareas, deberes y obligaciones en el seno de la familia.

Si se contempla la evolución de los paises emergentes en los últimos años, un elemento común aparece en todas sus sociedades: el papel relevante desempeñado  por la mujer en la vida social, y en los procesos de toma de decisión política y económica. De esta forma, lo que pudiera inicialmente plantearse como una política de igualdad entre sexos, extiende su alcance a todos los ambitos de la vida pública y privada.

Esta apreciación, es igualmente extensible a los paises en desarrollo, en los que que la mujer ha jugado siempre un papel relevante, privado y público, en la actividad económica cotidiana de las familias, unida habitualmente a su discriminacion social, política y religiosa.

El propósito no es meramente doctrinal, por legítimo que éste sea. Es además, un sinónimo de eficacia económica y equidad social.

Para indicar las muy diversas áreas en las que el programa GED está trabajando y necesita trabajar todavía con el fin de lograr el compromiso y la participación de las mujeres, Tiempo de Paz, después de presentar los  últimos avances de las instancias internacionales más importantes, como son UNIFEM  y la UE, y la opinión de algunos expertos en torno al diagnóstico de algunos de los problemas más importantes, incluye algunos ejemplos de iniciativas implementadas para resolverlos.  De esa manera, aborda en el ámbito económico  el diagnóstico de la feminización de la pobreza y el hambre y la creación de estructuras económicas participativas de mujeres. En el ámbito de la educación, los programas de educación y concienciación de las mujeres, y la creación de un centro cultural en Jordania, específico de la mujer; y dos informes sobre la salud reproductiva, en este caso sobre matrimonios tempranos, en los campamentos palestinos en Líbano y en Gaza. Por ultimo el tema pavoroso de la violencia contra las mujeres en Guatemala y México.

Como conclusión: son muchos los esfuerzos y avances realizados para conseguir una igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en todos los países, con resultados diversos. Pero éste es y debe ser, un esfuerzo siempre renovado, ya que es un largo camino largo en el que las dificultades no desaparecen sino que se reconvierten.

La sociedad civil resulta ser un factor fundamental en todo ese proceso, siendo la acción de las organizaciones no gubernamentales una de las vías más eficaces para extender en las comunidades locales los principios de igualdad, cooperación y solidaridad.