Cada año hay centenares de miles de niños que participan en procedimientos judiciales en todos los países de la UE. La Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA) señala en su último informe la necesidad de que los sistemas judiciales realicen un mayor esfuerzo para responder a las necesidades de estos niños.

Conseguir una justicia más adaptada a la infancia favorece el interés superior del niño, además de mejorar su protección y favorecer una significativa participación en los procedimientos judiciales.

“No podemos permitir que los niños se sientan desconcertados o estresados cuando participan en procedimientos judiciales”, afirma el Director interino de la FRA Constantinos Manolopoulos. "La UE y sus Estados miembros tienen la obligación de garantizar que los derechos de los niños se respetan y se cumplen. Esto es especialmente cierto en el caso de los procedimientos judiciales. Los Estados miembros deben garantizar también que todos los que intervienen en tales procedimientos aplican las directrices del Consejo de Europa sobre la justicia adaptada a la infancia en la práctica diaria."

La mejora de la protección de los derechos de los niños en los sistemas judiciales se cubre en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (CDN), ratificada por todos los Estados miembros. El Consejo de Europa elaboró unas directrices especiales sobre la justicia adaptada a la infancia porque es una cuestión que afecta a muchos menores. Por ejemplo, cerca de 74 000 niños fueron víctimas de delitos y 495 000 se vieron afectados por el divorcio de sus padres en 11 Estados miembros en 2010.

El estudio de la FRA indica que las prácticas de participación de los niños varían de forma notable no solo de unos Estados miembros a otros, sino también dentro de los propios países, y son prácticas que no siempre están adaptadas a la infancia. En consecuencia, se hace necesario establecer normas y directrices claras y coherentes que se controlen sistemáticamente. En el estudio se identifica también la necesidad de aplicar medidas para que aumente la sensibilización sobre este asunto y para que se facilite formación especial a los profesionales.

Las conclusiones principales se refieren a los derechos específicos de los niños, por ejemplo:

• En los últimos años, el respeto y el cumplimiento del derecho a ser escuchado del niño ha aumentado, en particular en los procedimientos penales. En los procedimientos civiles no siempre se escucha a los niños. Es necesario realizar mayores esfuerzos para garantizar que los menores tienen oportunidad de ser escuchados en salas seguras y adaptadas para ellos, utilizando técnicas idóneas para la edad y la madurez del niño en cuestión. El número de audiencias en las que comparezca un niño debe ser el mínimo posible, y deben participar en ellas un pequeño número de profesionales con la formación adecuada.

• La legislación nacional incluye a menudo disposiciones sobre el derecho a la información, pero en la práctica los métodos utilizados para informar a los niños varían notablemente en relación a quién, cuándo, qué y cómo se les informa. La confianza de los menores en la justicia mejoraría por el hecho de facilitarles, mientras duren los procedimientos, información y materiales adaptados a su edad sobre sus derechos y los procesos judiciales.

• La mayoría de los Estados miembros han realizado esfuerzos notables para garantizar los derechos del niño a la intimidad y a la protección frente a daños y situaciones que le hagan revivir una experiencia traumática, en especial en procedimientos penales. No obstante, en la práctica, el uso de medidas de protección suele ser escaso. Para facilitar la debida protección a los menores, deberían ser prácticas normalizadas en las salas de audiencia y comisarías de policía de la UE la separación de las salas en las que se encuentran los menores y los acusados, para evitar el contacto con estos, así como la utilización de grabaciones de vídeo y conexiones por vídeo realizadas por profesionales con la adecuada formación.

• A pesar de las disposiciones jurídicas sobre la igualdad de trato, el personal suele carecer de los conocimientos especializados necesarios para tratar con niños en situaciones vulnerables, como los que tienen discapacidades o los pertenecientes a minorías étnicas. Es necesario garantizar que el acceso de los niños a la justicia y el tratamiento que reciben en los procedimientos judiciales se controle de manera eficaz para evitar cualquier discriminación. Debería ofrecerse acceso a asistencia legal y servicios de apoyo a los niños en situaciones vulnerables. El informe facilita asimismo una serie de ejemplos de prácticas prometedoras.

Para más información, póngase en contacto con: media@fra.europa.eu / Tel.: (+43) 1 580 30 642.