Respecto a la reciente petición del gobierno colombiano a la Corte Constitucional para autorizar el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato, las organizaciones internacionales abajo firmantes manifestamos que el empleo de este herbicida como herramienta para la erradicación de cultivos de uso ilícito representa un grave peligro para la salud humana, el medio ambiente y la construcción de una paz estable y duradera.

El 7 de marzo de 2019 el presidente Iván Duque pidió al alto tribunal revisar la decisión de la Corte Constitucional de 2017, ya que considera el glifosato como una herramienta fundamental para combatir los cultivos de coca. Lo mismo opina el Ministro de Defensa Guillermo Botero en oposición al Auto 287 emitido por la Corte el 18 de julio de 2019 en el que se reitera que las fumigaciones aéreas sólo podrían ser retomadas cumpliendo los requisitos establecidos ya en 2017. Por su parte, la Ministra de Justicia Margarita Cabello indicó que llevarán al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) las posibilidades para regresar a las fumigaciones aéreas, aclarando que no se necesita demostrar de manera definitiva que el glifosato no afecta la salud o el medio ambiente.

En el año 2014, por medio del Auto 073 relacionado con la violación de los derechos humanos de las comunidades de Nariño, la Corte Constitucional de Colombia exigió al gobierno nacional determinar el impacto que las actividades de aspersión aérea con glifosato conllevaban para la salud humana y el medio ambiente. En este mismo Auto se argumentó que, en caso de no llegar a una conclusión final basada en criterios técnicos y científicos, se ordenaba ante todo la aplicación del principio de precaución por el cual se deberían suspender las actividades que pudieran suponer un riesgo potencial para la salud y el medio ambiente, como es el caso de las aspersiones con glifosato. En el año 2015, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó el glifosato dentro del grupo 2A de riesgo por ser una sustancia “probablemente cancerígena”. Dando cumplimiento al Auto de la Corte Constitucional y a las indicaciones de la OMS, el Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) decidió en 2015 suspender el Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG). Frente a éste, sí podrá seguir aplicándose el Programa Nacional Integral de Sustitución de los Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) ya que incluye un modelo de sustitución voluntaria mediante el cual las comunidades reemplazan, con apoyo del Estado, la siembra de cultivos de uso ilícito como la marihuana, la amapola y la coca para transformarla en cocaína, por actividades económicas legales. De esta manera, se permite seguir fortaleciendo el PNIS, pero no el PECIG que sirve para la erradicación forzada de dichos cultivos a corto plazo y que no sólo no tiene en cuenta a las comunidades, sino que les perjudica.

Así, en abril de 2017 la Corte Constitucional dictó la sentencia T-236 que determinó que por ningún motivo podían ser retornadas las fumigaciones aéreas sin una consulta previa a las comunidades potencialmente afectadas, sin las debidas licencias ambientales que garanticen la sostenibilidad y recordando que el principio de precaución debe ser aplicado continuamente mientras el riesgo potencial siga vigente.

El glifosato es el herbicida más utilizado a nivel mundial, pero 18 países ya han prohibido su uso en los últimos años debido a sus efectos adversos. Las fumigaciones aéreas con este químico no sólo alcanzan el cultivo a erradicar, sino los cultivos colindantes que en muchas ocasiones son cultivos de pancoger (que sirven de sustento y alimento a las comunidades). Esto genera un impacto directo en la soberanía alimentaria de la población y tiene consecuencias irreversibles en los territorios como la pérdida de biodiversidad. El glifosato penetra en el suelo, se extiende a las tierras cercanas y contamina las aguas ocasionando graves afectaciones en la salud de los habitantes. Además, no existen evidencias que demuestren la verdadera efectividad a largo plazo de las fumigaciones aéreas con este herbicida para hacer frente a la expansión de los cultivos de uso ilícito. Aunque desde 1984 las fumigaciones con glifosato han sido utilizadas en Colombia para su erradicación, se ha demostrado que las plantaciones de coca han crecido a pesar de éstas: desde las 48.000 hectáreas en el año 2012 a las 208.000 en 2018. El representante de la ONU contra la Droga y el Delito en Colombia (UNODC) asegura, además, que la resiembra de los cultivos de uso ilícito erradicados con el programa de sustitución voluntaria es tan sólo del 0,6%; mientras que, según las cifras de la organización Dejusticia, la tasa de resiembra con la erradicación forzada con glifosato alcanza el 35%.

Por ello, las organizaciones firmantes, ante la propuesta del gobierno colombiano de retomar el uso de las fumigaciones aéreas como estrategia contra los cultivos ilícitos, declaramos y solicitamos que:

1. Al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) que continúe con la suspensión del Programa de Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante la Aspersión Aérea con Glifosato (PECIG) y fortalecer el Programa Nacional Integral de Sustitución de los Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), el cual crea unas bases sólidas para hacer frente a la expansión de los cultivos de coca utilizados por el crimen organizado.
2. A la Corte Constitucional seguir aplicando el principio de precaución ya que, tal y como lo ha argumentado en sus distintas sentencias, este principio no sólo se aplica para considerar la interrupción de la actividad, sino más aún, es de continua aplicación siempre y cuando no exista la suficiente evidencia técnica y científica que demuestre que el PECIG no genera riesgo alguno para la vida de los seres humanos y la sostenibilidad del medio ambiente.
3. A la comunidad internacional, a los países de la Unión Europea que ya han prohibido el glifosato y a las organizaciones sociales, que presionen al gobierno colombiano para que cumpla con las recomendaciones de la OMS y declare la prohibición de las fumigaciones aéreas con glifosato en todo el país.
4. Que la vida de las personas y del medio ambiente han de ser prioritarias en la toma de decisiones.
5. Tal y como lo argumentó la Corte Constitucional al escuchar las peticiones del actual gobierno nacional, no se podrá tomar ninguna decisión por fuera  del marco de la política pública que se deriva del Punto Cuarto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Consecución de una Paz Estable y Duradera. Es imprescindible que el actuar del Estado se ciña a lo acordado en La Habana y, de esta manera, hacer uso de las herramientas que presenta el Acuerdo sobre los cultivos de uso ilícito, de manera que no se siga poniendo en riesgo la vigencia de los Acuerdos de Paz y su implementación.
6. Y, sobre todo, que para construir la Paz que necesita el pueblo colombiano, debe ser un imperativo respetar tanto los criterios de las comunidades que históricamente han sido afectadas por el conflicto armado, como también los criterios técnicos y científicos con el fin de prevenir y proteger la vida humana y la sostenibilidad del planeta.

Organizaciones firmantes del presente comunicado: Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Latinoamericanos –AIETI–, Alianza por la Solidaridad – Member of ActionAid, Asociación Pro Derechos Humanos de España –APDHE–, Atelier, CEAR – Euskadi, Secretaría Confederal de Internacional y Cooperación de CCOO, InspirAction, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Movimiento por la Paz –MPDL–, Mundubat, Observatorio ADPI, Asociación Paz con Dignidad, Taula Catalana por la Paz y los Derechos Humanos en Colombia(Formada por las siguientes entidades: Ajuntament de Lleida, Assemblea de Cooperació per la Pau, Associació Catalana per la Pau Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, Consell Nacional de la Joventut de Catalunya, Cooperacció, Entrepobles, Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Foro Internacional de Víctimas, Fundación Indera, Fundació Pau i Solidaritat - CCOO Catalunya, Intersindical-CSC, Justícia i Pau, La Colectiva. Mujeres refugiadas, exiliadas y migradas de Colombia en España, La Fàbric@, LaFede.cat, Lliga dels Drets dels Pobles, Moviment per la Pau - MPDL, Mujer Diáspora, Oxfam Intermón, Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere, Reds, Sindicalistes Solidaris - UGT Catalunya)