Las principales causas que generan esta problemática son:

(1) la criminalización de la protesta social, ya que está criminalizada, existe altos niveles de desinformación o sesgo informativo, mayoritariamente por los medios de comunicación masivos, estigmatización de la labor de las y los defensores y unos niveles muy altos de discriminación de la población indígena;

(2) por ello, existe un uso excesivo del derecho penal en las acusaciones de acciones de protesta social por parte de los y las defensoras de Derechos Humanos, que hasta llevan años encarcelados a la espera de juicio;

(3) debilidad y desarticulación del movimiento social a favor de la defensa de los Derechos Humanos, derivado del escaso acceso a los mecanismos de (auto) protección, escasos conocimientos de los procesos institucionales y de procesos de incidencia desde la sociedad civil.

(4) presencia de actores externos que interfieren en la vida comunitaria generando conflictos y haciendo uso de la violencia, derivadas directamente de políticas de desarrollo mal orientadas y una clara proliferación de las multinacionales e instalación de megaproyectos, sin respetar la consulta previa, dialogada y consensuada de los pueblos.

(5) sociedad patriarcal que deriva en baja participación de las mujeres en los espacios de toma de decisiones;

(6) existe una respuesta institucional débil e insuficiente ante los ataques a defensoras y defensores, por un escaso conocimiento de su exigencia y cumplimiento que conlleva una ineficaz auditoria social, además de contar con un deficiente sistema de justicia y seguridad que conlleva corrupción política e impunidad. Todos los factores aquí descritos derivan en una sociedad atemorizada y preocupada por su supervivencia diaria, y sin mecanismos para la exigibilidad de sus Derechos Humanos.