Presentado el libro “Condenado por Genocidio”

Presentado el libro “Condenado por Genocidio”

Elena Hermosa/Trocaire

Conmemorando el segundo aniversario de la histórica sentencia al dictador guatemalteco Efraín Ríos Montt, la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras (CCOO) presentó el pasado martes el libro “Condenado por Genocidio”, en un acto en el que colaboraba, junto con otras organizaciones, el Movimiento por la Paz -MPDL-.


En el evento participaron Antonio García, abogado de CCOO de Madrid; José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo; Sofía Duyos, abogada y coordinadora de la publicación; Manuel Rodríguez, secretario de Política Institucional de CCOO de Madrid; y Juan Francisco Soto, director ejecutivo del Centro Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), que intervino en una conexión a través de internet.

Todas las intervenciones incidieron en el hecho de que, a pesar de la anulación de la sentencia por defectos de forma, dicha sentencia representa un hito histórico que demuestra la posibilidad de perseguir y condenar a personas que, en su ejercicio del poder, han cometido crímenes de genocidio. Una sentencia que contribuye, en suma, a garantizar los derechos humanos y a luchar contra la impunidad.

El libro “Condenado por genocidio” constituye la primera edición de la sentencia en España. Puede ser adquirido a través de la Fundación Madrid Paz y Solidaridad de CCOO.

La República de Guatemala constituye el más pobre de los siete países que integran Centroamérica. Tras vivir una guerra civil durante 26 años, y a pesar de los acuerdos de paz firmados en 1996, el país atraviesa por una de profunda crisis de seguridad y acceso a la justicia, generada por los altos niveles de violencia y de impunidad, el aumento de la criminalidad y la debilidad de las instituciones estatales que no son capaces de garantizar los derechos fundamentales de la ciudadanía.

El Movimiento por la Paz trabaja en Guatemala desde 1994, a través de diferentes proyectos centrados en fortalecer las instituciones democráticas, garantizar el acceso de las víctimas de violencia a su reparación integral y fomentar la participación de la sociedad civil en la vida pública.