Los análisis realizados por CONCORD (red de ONGD europeas) en su informe AidWatch2015 desenmascaran a una Europa que incumple sus propios objetivos en materia de cooperación.

Un información de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de España -CONGDE-.

Elaborado por CONCORD con datos de 2014, el informe denuncia que tanto Europa como España han fracasado y no han conseguido alcanzar su propio objetivo de destinar el 0,7% de la Renta Nacional Bruta a cooperación internacional para el desarrollo.

Bajo el título “Mirando al futuro, sin olvidar el pasado”, el informe analiza la calidad de los recursos que los países europeos destinan a luchar contra la pobreza, la desigualdad o el logro de los derechos humanos y alerta de la peligrosa tendencia computar como Ayuda al Desarrollo partidas que no contribuyen a ello porque nunca llegan a los países de destino. Eso significa que cuestiones como la atención de población refugiada en Europa; el pago de estudios en Europa de personas procedentes de países empobrecidos o la condonación de la deuda no deberían ser tenidos en cuenta en el cómputo, sino que deberían financiarse con recursos distintos a los de la política de cooperación. Hacerlo, significa inflar la ayuda. Es urgente, tal como señala el informe, acabar con estas prácticas.

España

Si tenemos en cuenta esta ayuda inflada en las cifras españolas, los porcentajes destinados a cooperación descienden del 0,14% al 0,13%, lo cual significa que el 20% de los recursos que invierte España son de baja calidad con un cuestionable impacto en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, y situando al país en niveles similares a países como Croacia o Eslovenia. Esta caída contrasta con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien aseguró que tan pronto como España creciera económicamente, recuperaría la inversión en cooperación. A pesar de que Rajoy defiende que España es el país de Europa con mayor crecimiento económico, el compromiso con la cooperación no se ha hecho realidad.

Los recursos financieros han caído tanto en términos reales (un 70%) como en lo que se refiere a la calidad de la ayuda; las reformas llevadas a cabo no han derivado en una mejor gestión de la ayuda. La Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo afronta una situación extrema: continúa perdiendo recursos para asistir a los 23 países prioritarios y responder a las crisis humanitarias. Un 70% de los fondos de Ayuda Oficial al Desarrollo se destinan a aportaciones obligatorias destinadas a instituciones multilaterales, incluida la UE –una situación que deja clara evidencia de la falta de compromiso político con la cooperación para el desarrollo.

El apoyo público a la sociedad civil ha continuado su senda decreciente; y, además, el gobierno ha incumplido la recomendación del CAD de crear un marco de relación entre la administración y las ONG para fortalecer la implicación de la sociedad civil.

Todo ello deja clara evidencia de la pérdida de relevancia de una política que debe ser fortalecida para hacer frente a los muchos retos a los que nos enfrentamos en la actualidad. Y debería ser fortalecida en coherencia con el marco establecido por la Agenda 2030 con la que España se ha comprometido.

Recomendaciones:

• Tanto España como Europa deben recuperar la senda del compromiso con el 0,7%. España debe llegar al 0,4% en la próxima legislatura.
• La lucha contra las desigualdades, la defensa de los derechos humanos y la protección el planeta deben mantenerse como principales objetivos de la AOD.
• Debe acabarse de manera inmediata con la tendencia a destinar fondos de cooperación para el desarrollo a la atención a población refugiada. Los fondos destinados a las personas que solicitan asilo y refugio en la UE han de ser específicos y adicionales.
• La gestión de los fondos debe ser transparente y garantizar resultados de desarrollo reales.
• Debe excluirse la ayuda inflada y la ayuda ha de ser desligada.
• La participación de las organizaciones de la sociedad civil y de los actores relevantes es imprescindible para conseguir una política efectiva y coherente con el marco establecido por la Agenda 2030.