El sur de Bolívar es una de las regiones de Colombia más afectadas por el conflicto armado, en la que confluyen elementos como la presencia de grupos armados y economías ilegales, que contribuyen a la degradación medioambiental y limitan el desarrollo de modelos productivos sostenibles. Así como una débil presencia de las instituciones del Estado y falta de inversión en infraestructuras que han generado altos niveles de vulnerabilidad en la población que dificultan el acceso a oportunidades, perpetuando ciclos de pobreza y exclusión, especialmente entre las mujeres y la juventud.

El Magdalena Medio es una región biodiversa y rica en minerales, flora y fauna, elementos que la convierten en una zona estratégica para el desarrollo de rentas ilícitas por parte de los grupos armados ilegales y para los intereses económicos de la industria extractivista. El capital económico proveniente de este conjunto de rentas ha generado una guerra en la que los grupos armados se disputan el territorio, lo que ha provocado graves violaciones de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional Humanitario.

Su posición geográfica lo convierte en un corredor económico y ecológico clave para el país, donde convergen ecosistemas de selva húmeda tropical, ciénagas, zonas ganaderas, agrícolas y petroleras. Sin embargo, estas potencialidades conviven con problemáticas estructurales: la concentración de la tierra, la contaminación de las fuentes hídricas, la expansión de economías extractivistas e ilícitas, el petróleo, la minería y los monocultivos han devastado ecosistemas y comunidades enteras.

En el Magdalena Medio se entrecruzan realidades rurales y urbanas que reflejan los retos de la Colombia profunda. En las zonas rurales, las comunidades campesinas, afrodescendientes e indígenas luchan por la permanencia en sus territorios y la soberanía alimentaria, la precariedad educativa, la falta de oportunidades laborales y la débil presencia institucional han perpetuado ciclos de pobreza y exclusión. En las zonas urbanas, las juventudes enfrentan desempleo, violencia social, discriminación y falta de espacios seguros para su desarrollo. Las mujeres jóvenes, especialmente las rurales y afrodescendientes, viven las consecuencias más duras: una triple desigualdad que combina género, clase y territorio. La región ha sido escenario de múltiples violencias y violaciones de derechos humanos: desplazamientos forzados, desapariciones, reclutamiento de menores, violencia sexual y persecución a líderes sociales. A pesar de ello, el Magdalena Medio también ha sido cuna de importantes experiencias de resistencia, organización comunitaria, procesos de memoria, economías solidarias y apuestas de paz territorial.

Hoy hablamos con Jesús David Tafur Arrieta, un joven sociólogo de la región, cuyo trabajo académico y social se centra en la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la promoción de una educación crítica y decolonial. Su experiencia incluye procesos de investigación y formación en memoria histórica, conflicto armado y justicia social. Actualmente se desempeña como Consejero Municipal de Juventud y Presidente de la Plataforma Municipal de Juventud en Santa Rosa del Sur, desde donde impulsa el liderazgo juvenil y la transformación social.

¿Cómo conectas tu formación sociológica con tu labor en la defensa de los derechos humanos y la construcción de paz?

Yo estudio en la modalidad virtual, a distancia. Eso tiene una ventaja, que estoy en el territorio. Entonces, mientras uno va estudiando, leyendo, conociendo, también lo va aplicando y haciendo estudios de campo.

La memoria histórica es un término fundamental en el Magdalena Medio, o en el sur de Bolívar, un territorio que ha sido víctima del conflicto armado, de la guerra, del abandono estatal. Y todo esto la sociología lo complementa en acción y en análisis crítico.

Desde tu experiencia, ¿cómo puede la juventud contribuir a transformar realidades sociales marcadas por la violencia y la exclusión?

Reescribiendo lo que ya está. Hay algo que tenemos muy presente los jóvenes, que no queremos volver a vivir la violencia que vivieron nuestros padres o abuelos. Y a partir del arte, de la educación, en todo ese contexto, conseguimos dar otras alternativas.

¿Qué papel crees que cumple la investigación social en la transformación de los territorios?

En el sur de Bolívar, concretamente en el Magdalena Medio, se han hecho muchos estudios sobre la violencia y eso ha ayudado a que no nos olvidemos, desde lo académico y político también, que siempre ha existido esa realidad. Como dice el dicho, el que no conoce su historia, está condenado a repetirla.

En tus talleres y espacios comunitarios, ¿cómo vinculas la pedagogía crítica con la acción colectiva?

Hay distintos enfoques. Hace aproximadamente dos años hicimos un proyecto con los profesores de las instituciones educativas. Trabajamos sobre la pedagogía de Paulo Freire en diez colegios de la zona de Santa Rosa y San Pablo.

Y, en materia de juventud, también trabajamos con los proyectos de vida, porque se da la situación de que a los jóvenes no les interesa el activismo social. Y es una contradicción que no les interese conocer las consecuencias de un contexto marcado históricamente por la violencia.

Entonces, profesores adultos, jóvenes y niños, trabajan en conjunto, articuladamente con la alcaldía y con la biblioteca municipal.

¿Por qué crees que hay algunos alumnos a los que no les interesan los temas enfocados en memoria histórica?

Bueno, para entender eso, Santa Rosa y otros municipios están en una zona minera, de minas de oro.

Se ha creado una economía basada en la extracción, ya sea ilegal o legal. Hay dos vertientes, la minería y los cultivos ilícitos o ilegales. Entonces, esos dos componentes hacen que los jóvenes vean el dinero más rápido. Porque fácil no es.

Y eso ha generado una cultura, como lo conocemos en Colombia, de traqueta. Es decir, los jóvenes consiguen el dinero muy fácil, como los papás de esos jóvenes, que trafican con drogas o trabajan con las drogas. Es algo con lo que viven y normalizan. Entonces, un joven que termina el colegio es común que decida ir para la mina o dedicarse a raspar coca.

Además, otro tema es que en el sur de Bolívar no hay una educación superior de calidad. Hay una sede universitaria en un municipio llamado Simití, pero queda alejada. Todas esas situaciones han generado ese contexto.

¿Qué te motiva a seguir adelante en este trabajo de liderazgo y transformación social?

La gente. Que la gente defienda los derechos humanos. Ante todo. Y saber que cuando uno ya no esté, por lo menos digan: aquí estuvo un joven así, así y así, como yo, que contribuyó a la historia. Lo que queda en la historia, no se queda en el olvido. Eso me motiva.

Movimiento por la Paz -MPDL- en el Sur de Bolívar

En el Movimiento por la Paz, junto con una de nuestras socias en el país, la Fundación Hogar Juvenil, trabajamos en la región desde 2017 impulsando el papel de la juventud rural como vector de desarrollo territorial y gobernanza participativa. En ese proceso, se ha facilitado la articulación de los movimientos juveniles y de mujeres y el fortalecimiento de su capacidad de incidencia, promoviendo el desarrollo de escuelas de formación política, mediante las que se ha logrado impulsar la movilización social, generando liderazgos sólidos.

Ser joven y liderar procesos sociales en el sur de Bolívar es asumir riesgos constantes. Los liderazgos juveniles, comunitarios y ambientales son amenazados y silenciados. El reclutamiento forzado, las desapariciones, el desplazamiento forzado y la persecución, son los principales hechos victimizantes que sufren los liderazgos; en particular, las mujeres son víctimas de violencia basada en género, como violencia sexual, violencia física y estigmatización. Ante ello, es alarmante la escasa presencia y falta de garantías de protección por parte del Estado colombiano.

Desde 2023, con el liderazgo de Fundación Hogar Juvenil -FHJ- y en coordinación con la Fundación Forjando Futuros -FFF-, desde el Movimiento por la Paz -MPDL- ejecutamos el proyecto “Jóvenes y mujeres resilientes: una estrategia integral para el desarrollo sostenible y la gobernanza en el sur de Bolívar, Colombia”, financiado por la Unión Europea. En el marco de este proyecto, una delegación de cuatro jóvenes de la región visitó España entre los días 9 y 7 de noviembre para difundir la realidad que viven y articularse con actores locales y garantes de derechos en distintas acciones de sensibilización e incidencia.