Durante años, Cartagena (Colombia) ha sido una ciudad fracturada por la desigualdad, el racismo estructural y la exclusión territorial. En medio de este panorama, mujeres, jóvenes y comunidades enteras sostienen procesos de resistencia que muchas veces permanecen invisibles. Una de las profesionales que acompaña esta apuesta desde el Movimiento por la Paz -MPDL- Colombia es Daniela Pabuencia, trabajadora social y especialista en paz y desarrollo territorial.

Nativa de frontera, nacida en Cúcuta (Norte de Santander, Colombia), Pabuencia desempeña su labor profesional acompañando procesos comunitarios en Cartagena y en distintos municipios del Atlántico, entre ellos Barranquilla, Soledad, Campo de la Cruz y Santa Lucía. Para Daniela, los procesos son “sentipensantes”: se construyen desde la emoción, el cuidado y la escucha colectiva, y solo cobran sentido cuando elevan las voces de quienes habitan los barrios.

“Los procesos solo tienen sentido cuando reconocen las voces de quienes lo habitan. Acompañar, más que dirigir; escuchar, más que hablar; caminar junto a las comunidades, más que señalar rutas”.

¿Cuáles son los objetivos del trabajo de Movimiento por la Paz en Cartagena con jóvenes, mujeres, víctimas del conflicto y comunidades, en el marco de la construcción de paz, los derechos humanos y el desarrollo social?

El trabajo que se desarrolla en Cartagena está orientado al fortalecimiento de jóvenes, mujeres —incluyendo mujeres migradas de nacionalidad venezolana y mujeres colombianas retornadas—, víctimas del conflicto armado y comunidades, a través de procesos de educación para la paz, arte, memoria y participación ciudadana, reconociendo las múltiples violencias, desigualdades y formas de exclusión que atraviesan sus territorios y trayectorias de vida.

Con las mujeres, el objetivo principal es fortalecer su liderazgo social y político, promoviendo su participación activa en espacios comunitarios, organizativos e institucionales. Se trabaja en la prevención, visibilización y exigibilidad de acciones frente a las violencias basadas en género, así como en el impulso de propuestas de autonomía económica y justicia social como base para una vida digna y libre de violencias. De manera especial, se acompaña a mujeres migrantes venezolanas, mujeres colombianas retornadas de Venezuela y mujeres víctimas del conflicto armado, promoviendo procesos de sanación, memoria, sororidad e integración comunitaria a través del arte y la creación colectiva.

Con los jóvenes, el trabajo busca impulsar su participación como actores clave en la transformación social y la construcción de paz, fortaleciendo habilidades críticas, creativas y organizativas. A través de metodologías artísticas, educativas y de educación popular, se promueve la prevención de violencias, el ejercicio de ciudadanía activa y la construcción de proyectos de vida dignos. En particular, se acompaña a jóvenes escolarizados y pertenecientes a procesos comunitarios y barriales, que hacen parte de familias víctimas del conflicto armado o de otras violencias, y a jóvenes en riesgo.

A nivel de fortalecimiento comunitario, se busca reconstruir y potenciar el tejido social, acompañando iniciativas culturales, educativas y artísticas que resignifican los territorios, fortalecen la identidad colectiva y promueven la acción política desde lo local.

En su conjunto, estos procesos buscan transformar realidades de exclusión y violencia, posicionando a mujeres, jóvenes y comunidades locales, migrantes y retornadas como sujetos políticos activos, capaces de construir paz, memoria y futuro desde sus cuerpos, sus voces y sus territorios.

¿Cuáles son las principales reivindicaciones de estas comunidades en el contexto cartagenero?

Las principales reivindicaciones surgen de experiencias históricas de exclusión, violencia y desigualdad, y se articulan en torno a la defensa de la vida digna, el territorio y los derechos humanos. De manera central, las comunidades exigen el reconocimiento pleno de las mujeres locales, migrantes, retornadas y víctimas del conflicto armado como sujetas políticas, lideresas comunitarias y defensoras de derechos, así como el cese de todas las formas de violencias basadas en género que atraviesan sus cuerpos, hogares y territorios.

Otra reivindicación clave es el derecho a la autonomía económica y al trabajo digno, especialmente para mujeres y jóvenes que sostienen economías populares y comunitarias en condiciones de precariedad. Estas comunidades reclaman políticas públicas que reconozcan y fortalezcan sus iniciativas productivas, el acceso equitativo a recursos, formación y mercados, y la superación de la feminización de la pobreza que afecta de manera desproporcionada a mujeres empobrecidas, racializadas y migrantes.

Asimismo, se reivindica el derecho al territorio y a la ciudad, entendiendo el territorio no solo como espacio físico, sino como lugar de arraigo, memoria y vida comunitaria. Las comunidades demandan justicia territorial frente a la segregación urbana, el abandono estatal, la estigmatización de los barrios populares y las afectaciones derivadas de modelos de desarrollo excluyentes que profundizan las brechas entre lo turístico y lo popular.

La construcción de paz desde lo cotidiano es otra demanda fundamental. Las comunidades exigen garantías de no repetición para las víctimas del conflicto armado, acceso efectivo a rutas de atención, reparación integral y reconocimiento de las memorias locales como parte de los procesos de verdad y justicia. En este marco, reclaman el derecho a hacer memoria desde sus propias voces y prácticas comunitarias, como una forma de sanar, resistir y transformar.

Finalmente, se reivindica el derecho a la participación real y vinculante en las decisiones que afectan sus vidas y territorios. Las comunidades demandan espacios de incidencia donde sus saberes, experiencias y propuestas sean escuchadas y tenidas en cuenta en la formulación de políticas públicas, programas sociales y estrategias de desarrollo local, reconociendo que sin la participación activa de mujeres, jóvenes y comunidades organizadas no es posible construir una Cartagena más justa, incluyente y en paz.

¿Podrías poner ejemplos de proyectos concretos implementados en este contexto?

En el marco de la Estrategia de Educación en Cultura de Paz se han desarrollado una serie de acciones que han sostenido los procesos de acompañamiento y apoyo a jóvenes y mujeres de Cartagena. Algunos de ellos son:

Emprendimientos socialmente responsables en clave de paz en la ciudad de Cartagena: tiene como objetivo principal impulsar a la población joven para que sus emprendimientos sean sostenibles e inclusivos, integrando de manera transversal el enfoque de género, la interseccionalidad y la prevención de las violencias basadas en género.

Escuelas de paz: en conjunto con instituciones educativas, se implementan procesos formativos dirigidos a estudiantes, docentes y funcionarias/os públicos, orientados a la construcción de una cultura de paz, la convivencia escolar, la resolución pacífica de conflictos y la defensa de los derechos humanos. Estas escuelas fortalecen habilidades socioemocionales, liderazgos juveniles y la participación democrática; previenen las violencias escolares y comunitarias, incluidas las violencias de género y la discriminación; y conectan la escuela con el territorio, integrando los procesos educativos con la memoria, el arte y la participación ciudadana.

Encuentros de educación para la paz: contribuyen a la consolidación de los procesos democráticos y del Estado de derecho, al fomentar el diálogo intercultural entre docentes y fortalecer su rol como agentes de transformación en contextos afectados por el conflicto armado, la discriminación estructural y la desigualdad social. Los encuentros propician un espacio para visibilizar y valorar las prácticas educativas desarrolladas por docentes en territorios afrodescendientes e indígenas, con énfasis en la prevención de las violencias basadas en género, la resolución pacífica de conflictos y el fortalecimiento del tejido social.

Muestras fotográficas: en 2025 se creó la exposición “Cartagena Resiliente: Mujeres que construyen vida y territorio”, una muestra que visibiliza el liderazgo de las mujeres y los procesos comunitarios que impulsan en distintos sectores de la ciudad, principalmente en aquellos con alta presencia de víctimas del conflicto armado, población migrante, racializada, empobrecida y estigmatizada.

¿Con qué dificultades os encontráis en el día a día para implementarlos?

Entre las principales dificultades destacan:

Empobrecimiento estructural de la ciudad: Cartagena se encuentra entre las ciudades con mayores niveles de empobrecimiento del país, una realidad que profundiza las desigualdades sociales y limita el acceso de amplios sectores de la población a derechos básicos como el empleo digno, la educación, la salud y la vivienda. Esta situación afecta de manera particular a mujeres, jóvenes, población racializada, migrante y víctimas del conflicto armado, dificultando la sostenibilidad de los procesos comunitarios y de emprendimiento social.

Persecución y criminalización racista de las economías populares: las economías populares, que representan una fuente fundamental de sustento para miles de familias, especialmente encabezadas por mujeres y personas jóvenes, son frecuentemente perseguidas y criminalizadas. Prácticas institucionales de control y sanción reproducen lógicas racistas y clasistas que deslegitiman el trabajo informal y comunitario, obstaculizando el derecho al trabajo digno y a la autonomía económica.

Desaparición de mujeres y personas jóvenes negras: genera un clima permanente de miedo, duelo e incertidumbre en las familias y las comunidades. La falta de respuestas eficaces por parte de las autoridades profundiza la desconfianza institucional y afecta los procesos organizativos, especialmente aquellos liderados por mujeres y juventudes en territorios históricamente marginados.

Violencias institucionales ejercidas por el distrito contra las mujeres: las mujeres enfrentan múltiples formas de violencia institucional, expresadas en la falta de acceso efectivo a rutas de atención, la revictimización, la desprotección frente a las violencias basadas en género y la ausencia de políticas públicas integrales con enfoque de género, étnico e interseccional.

Vulneración del derecho a la ciudad, la libre locomoción y el uso del espacio público: las comunidades enfrentan restricciones sistemáticas al derecho a la ciudad, la libre locomoción y el uso del espacio público, particularmente en barrios populares y territorios periféricos. El control, la estigmatización y la exclusión del espacio urbano afectan la vida cotidiana, las dinámicas comunitarias y las iniciativas económicas, culturales y organizativas que se desarrollan desde lo local.

¿Cuál es el papel y la importancia de las defensoras de derechos en Cartagena en concreto, pero también en general en toda Colombia?

En este contexto de violencias múltiples y exclusión histórica, las defensoras de los derechos humanos cumplen un papel central, estratégico e irremplazable en la vida social y política de Cartagena.

Las defensoras actúan como primeras respondientes comunitarias frente a las violencias basadas en género, las desapariciones, la persecución de las economías populares y las vulneraciones al derecho a la ciudad. Son quienes acompañan a otras mujeres, jóvenes y familias en la denuncia, la búsqueda de justicia, el acceso a rutas de atención y la exigibilidad de derechos, muchas veces en ausencia o negligencia institucional.

En territorios como Cartagena, que históricamente han sido marcados por el racismo estructural y la desigualdad, las defensoras cumplen un rol clave en la protección de la vida y la memoria, visibilizando las violencias que afectan de manera desproporcionada a mujeres y personas jóvenes negras, migrantes y empobrecidas.

Asimismo, son constructoras de paz desde lo cotidiano. A través del liderazgo comunitario, la pedagogía popular, el arte, la economía solidaria y la organización barrial, promueven formas alternativas de convivencia, resolución pacífica de conflictos y cohesión social.

Las defensoras también desempeñan un papel fundamental en la incidencia política y la vigilancia social, interpelando al Estado y a las instituciones locales frente a las violencias institucionales, la criminalización de la pobreza y la negación de derechos.

Exigen políticas públicas con enfoque de género, étnico e interseccional, y defienden el derecho de las comunidades a habitar, circular y decidir sobre la ciudad. Sin embargo, este rol se ejerce en condiciones de alto riesgo, precariedad y sobrecarga emocional.

¿Qué retos tenéis en este año que comienza?

En este año que comienza, uno de los principales retos está marcado por el contexto electoral y todo lo que éste moviliza en los territorios y en lo comunitario. Los procesos electorales suelen intensificar las tensiones sociales, la instrumentalización de las comunidades, la polarización y, en muchos casos, el debilitamiento de los procesos organizativos de base. Esto representa un desafío importante para sostener el trabajo comunitario de manera autónoma, ética y coherente, sin que las agendas políticas partidistas desplacen las necesidades reales de los territorios.

Otro reto fundamental es que las violencias basadas en género continúan siendo una constante, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niñas y diversidades. La persistencia de estas violencias, sumada a la normalización social y a la falta de respuestas efectivas, exige redoblar los esfuerzos de prevención, acompañamiento y exigibilidad de derechos, en contextos cada vez más adversos.

A esto se suma la falta de voluntad y respuesta institucional, donde en muchos casos la institucionalidad sigue dando la espalda a estas problemáticas, reproduciendo prácticas de negación, revictimización y desprotección. Esta ausencia de garantías no solo profundiza las violencias, sino que sobrecarga a las organizaciones y liderazgos comunitarios, especialmente a las mujeres defensoras de derechos humanos, que asumen tareas que deberían ser responsabilidad del Estado.

En un contexto atravesado por la desigualdad, las violencias y la exclusión, la experiencia del Movimiento por la Paz en Cartagena reafirma que la construcción de paz se teje día a día desde lo comunitario y lo colectivo. Acompañar y caminar junto a quienes habitan los territorios se convierte no solo en una metodología, sino en una postura ética y política frente a la ciudad. Son las mujeres, las juventudes y las comunidades organizadas quienes, desde sus cuerpos, memorias y saberes, sostienen la esperanza y disputan el derecho a una Cartagena más justa, digna e incluyente, demostrando que la paz se construye desde lo cotidiano.