La falta de financiación está comprometiendo el acceso a alimentos, agua, gas y servicios esenciales, como la gestión de residuos, en los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf, agravando una situación humanitaria ya crítica de por sí.

La acción humanitaria se encuentra en uno de los momentos más complejos de su historia. A pesar del aumento de los conflictos y de las necesidades humanitarias en todo el mundo, la financiación para sostener y responder a esta situación atraviesa una crisis sin precedentes y las poblaciones más vulnerables son quienes sufren las consecuencias más graves.

Los campamentos de población refugiada saharaui en Tinduf (Argelia) son algunos de los lugares donde estos recortes ya tienen consecuencias directas. En 2025, Argel Aline Rumonge, representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en Argelia, alertó de que más del 80% de esta población dependía de la ayuda humanitaria para cubrir necesidades y servicios esenciales como el agua, la gestión de residuos o los sistemas de gas que sostienen a más de 28.000 familias.

Al tratarse de campamentos de población refugiada, sus habitantes no pueden desarrollar ni una economía ni estructuras propias. Además, su ubicación en el desierto de Sáhara, una de las zonas más áridas del planeta, hace que la agricultura, la ganadería y otras actividades productivas sean casi impracticables.

Ante estas condiciones, Naciones Unidas estimó una necesidad de más de 60 millones de dólares anuales para sostener a las familias, pero la financiación destinada a sostener esta respuesta no ha dejado de disminuir. El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), que ha catalogado de “crítica” la situación en los campamentos saharauis, ha visto cómo el presupuesto para cubrir la respuesta humanitaria en el territorio se ha reducido un 56% desde 2024, afectando directamente a los sectores más esenciales de agua, saneamiento, sanidad, educación y nutrición.

Desde el territorio, Carolina Villanueva, responsable de misión de los campamentos saharauis de Movimiento Por la Paz -MPDL-, asegura que “la situación humanitaria actual es de muchísima incertidumbre” y “no tiene precedentes”. Nuestra compañera destaca que “al contexto de crisis prolongada y dependencia total de la ayuda externa, ahora se le suman los fuertes efectos de las graves reducciones de ayuda y la inseguridad de no saber qué va a pasar”.

La drástica reducción de la ayuda se combina con la escasez de recursos, el incremento de los precios y el debilitamiento de los sistemas de respuesta humanitaria, como el Programa Mundial de Alimentos (PMA). Desde noviembre de 2023, esta agencia de la ONU ha reducido en un 30% la canasta básica que distribuye a la población refugiada, comprometiendo la seguridad alimentaria de miles de familias y agravando las tasas de malnutrición y anemia.

Una población cada vez más vulnerable

En los campamentos se afronta una creciente inseguridad alimentaria, el deterioro del acceso a bienes básicos y el incremento de riesgos sanitarios que afectan ya a la totalidad de la población refugiada saharaui (173.600 personas). La reducción de la ayuda internacional ha provocado una disminución en la cantidad y calidad de los alimentos distribuidos, afectando especialmente a los grupos más vulnerables.

Asimismo, las limitaciones de acceso al gas butano para cocinar y para la calefacción básica afectan directamente a las condiciones de vida de los hogares. Hasta el año anterior, el programa de distribución mensual de bombonas era cubierto por ACNUR. Sin embargo, la organización ha comunicado que no podrá continuar con esta actividad. Las consecuencias recaen directamente en la preparación de alimentos, la higiene y las condiciones básicas de protección en los hogares.

Además, la falta de suministro regular de recursos obliga a recurrir a alternativas menos seguras y eficientes que incrementan los riesgos para la salud y afectan especialmente a las mujeres, quienes desempeñan un papel central en la organización de los cuidados y la vida comunitaria en los campamentos. Según nuestra compañera en los campamentos, un ejemplo claro es el del agua: “La población se ve obligada a administrar su ración para que les dure más tiempo”, almacenada de manera prolongada en depósitos que no son adecuados para ello y sin los medios para garantizar la higiene necesaria, por lo que ya no se puede repartir, lo que pone en riesgo su salud.

Paralelamente, esta falta de financiación también afecta al debilitamiento del sistema de gestión de residuos. Actualmente, no se puede mantener en funcionamiento la flota de camiones para su recogida. Nuestra compañera en los campamentos asegura que “esto obliga a las familias a buscar soluciones menos seguras, como es la quema de la basura doméstica o dejar los residuos en zonas de vertido descontrolado cerca de las viviendas”, lo que supone un riesgo crítico que podría desencadenar una emergencia sanitaria, particularmente en los meses de verano.

En este contexto, organizaciones como Movimiento por la Paz -MPDL- continúan trabajando para sostener servicios esenciales y acompañar a la población refugiada saharaui frente al deterioro de las condiciones de vida en los campamentos. Sin embargo, el aumento de las necesidades y la reducción de la financiación humanitaria ponen en riesgo la continuidad de intervenciones fundamentales relacionadas con la alimentación, la protección, el acceso a suministros básicos o la gestión de residuos. La situación vuelve a poner sobre la mesa la necesidad urgente de reforzar el compromiso internacional con la población refugiada saharaui.