En este 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, reafirmamos que el refugio es un derecho humano. Este día se celebró por primera vez en 2001, en conmemoración del 50 aniversario de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.

Desde entonces, el desplazamiento forzado continúa creciendo a nivel mundial y se mantiene en niveles históricamente sin precedentes, superando los 120 millones de personas obligadas a abandonar sus hogares. En Movimiento por la Paz -MPDL- queremos seguir reivindicando la justicia y la solidaridad.

Denunciamos las políticas de externalización del control migratorio y la creciente militarización de las fronteras, que impiden el acceso efectivo al derecho de asilo y convierten rutas migratorias en espacios de violencia y muerte. Las fronteras no pueden seguir funcionando como muros contra los derechos humanos.

La reciente decisión de las instituciones europeas de avanzar hacia un modelo que contempla la creación de centros de deportación en terceros países y un endurecimiento de las políticas de retorno representa un preocupante alejamiento de los valores fundacionales de la Unión Europea. Europa no puede delegar fuera de sus fronteras sus obligaciones jurídicas y éticas. La externalización de los retornos plantea serias dudas sobre el cumplimiento del principio de no devolución, el acceso a la tutela judicial efectiva y la protección de personas atravesadas por múltiples desigualdades estructurales y violencias específicas, entre ellas mujeres, niñas y niños, víctimas de trata o personas que huyen de conflictos y persecuciones.

Denunciamos la securitización de las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea. El nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, que entra en vigor este mes de junio, continúa priorizando el control, la vigilancia, las devoluciones y la externalización de fronteras por encima de la protección de las personas. Estas políticas consolidan un modelo basado en la disuasión y la criminalización, que pone en grave riesgo la vida, la seguridad y la dignidad de quienes buscan refugio.

Además, la escalada armamentística, las guerras, la ocupación de territorios, el expolio de recursos y la proliferación de conflictos bélicos, así como la violencia directa contra mujeres, niñas, personas LGBTI+, personas con discapacidad o pertenecientes a minorías étnicas, son causas directas del aumento de personas refugiadas y desplazadas forzosamente en todo el mundo. No puede hablarse de protección mientras se alimentan las causas que obligan a millones de personas a huir.

No podemos ignorar tampoco la responsabilidad de los países del Norte Global en muchos de estos desplazamientos forzados, a través de políticas económicas extractivistas, la compraventa de armas, el apoyo a regímenes autoritarios, el saqueo de recursos naturales y la inacción frente a la emergencia climática.

La protección de las personas refugiadas exige una responsabilidad compartida de toda la comunidad internacional. Es imprescindible priorizar la prevención de conflictos, la mediación, la diplomacia, la cooperación internacional y la construcción de paz frente al aumento del gasto militar y las respuestas basadas en un enfoque de seguridad, que más bien es de inseguridad, frente a un modelo centrado en las personas y la seguridad humana. Los Estados, las Naciones Unidas y los actores implicados en los conflictos deben redoblar sus esfuerzos para prevenir las violencias que provocan el desplazamiento forzado, garantizar la protección internacional y promover soluciones sostenibles basadas en la paz, la justicia y los derechos humanos.

En este contexto exigimos vías seguras para acceder a la protección internacional, sistemas de acogida dignos y un reparto verdaderamente equitativo y corresponsable, con perspectiva de género, incluida la prevención y atención específica a la violencia machista, la violencia sexual y la trata de seres humanos. Es decir, que las personas puedan solicitar asilo o refugio sin tener que arriesgar su vida en el mar, cruzar fronteras de forma peligrosa o depender de mafias; que todos los Estados compartan la responsabilidad de la acogida; que a su llegada las personas sean recibidas en condiciones dignas con un alojamiento adecuado, atención sanitaria, apoyo psicológico, educación, asesoramiento jurídico, acceso al trabajo y acompañamiento social; y que los y las menores, las mujeres víctimas de violencia de género y las personas del colectivo LGTBIQ+ sean acogidas bajo sus necesidades específicas.

Exigimos también que las políticas migratorias se alineen con los Pactos Globales y con la Agenda 2030, situando los derechos humanos, la paz y la dignidad en el centro.

En 2025, el programa de Protección Internacional de Movimiento por la Paz ha contado con un total de 1.273 plazas distribuidas en 14 Delegaciones, desde las que se ha acompañado a 2.844 personas procedentes de 68 países diferentes. Entre las principales nacionalidades atendidas en el Programa de Acogida destacan Mali, con 652 personas (22,9%); Venezuela, con 375 personas (13,1%); Ucrania, con 324 personas (11,3%); Senegal, con 272 personas (9,5%); Colombia, con 219 personas (7,7%); Siria, con 110 personas (3,8%); así como personas procedentes de Gambia (76) y Guinea Conakry (69), reflejando la diversidad de contextos y necesidades atendidas a lo largo del año.

La diversidad de nacionalidades atendidas pone de manifiesto que el desplazamiento forzado no puede entenderse de forma aislada de las dinámicas globales de conflicto, desigualdad y vulneración de derechos. En muchos de estos países, donde Movimiento por la Paz trabaja junto a organizaciones locales en cooperación, acción humanitaria y construcción de paz, constatamos cómo la prevención de las violencias, la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de las comunidades son elementos esenciales para construir alternativas al desplazamiento forzado y promover soluciones duraderas.

Es imprescindible que los Estados y organismos internacionales dirijan sus esfuerzos y recursos hacia la prevención de conflictos y la construcción de paz. En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, reafirmamos nuestro compromiso con una Europa y un mundo que no abandonen a quienes buscan protección. Ante la violencia, el racismo y la indiferencia, exigimos derechos, acogida digna y justicia.