Han transcurrido semanas desde que, los días 30 y 31 de julio, decenas de miles de personas llegaron desde Marruecos. Aquellas jornadas dejaron al menos 82 personas fallecidas en territorio español, además de personas desaparecidas. Muchas siguen sin nombre. Identificarlas y garantizar a sus familias el derecho a saber qué ocurrió es también una obligación democrática.

La emergencia no ha terminado. Miles de personas continúan en una situación muy precaria y los recursos de acogida, sanitarios y de protección siguen sometidos a una enorme presión. Especialmente grave es la situación de la infancia: el sistema ceutí permanece desbordado, todavía hay niños, niñas y adolescentes fuera de los recursos adecuados y el reciente fallecimiento de un menor bajo tutela nos recuerda que hablamos de vidas concretas, no de cifras.

Desde Movimiento por la Paz reclamamos una acogida digna, información comprensible, asistencia jurídica e interpretación. Toda decisión sobre una persona debe adoptarse de forma individualizada y con plenas garantías. Haber llegado de manera irregular no elimina el derecho a solicitar protección internacional ni puede justificar devoluciones automáticas o expulsiones colectivas.

La protección de la infancia debe ser prioritaria. Cualquier reunificación, traslado o retorno ha de responder al interés superior de cada niño o niña y valorar su realidad familiar, social y personal. También exigimos recursos seguros y especializados para mujeres y niñas. Las agresiones sexuales registradas desde finales de julio muestran que la falta de alojamiento y protección aumenta el riesgo de violencia, explotación y trata.

En estos días también hemos conocido que existieron avisos previos sobre posibles entradas masivas. Corresponde a las instituciones esclarecer lo sucedido, aclarar el alcance de esos avisos y, en su caso, asumir responsabilidades y mejorar la prevención. Pero ninguna explicación política o diplomática puede borrar la obligación inmediata de proteger la vida y los derechos humanos.

Ceuta, una ciudad de alrededor de 85.000 habitantes, no puede afrontar sola esta situación. Se necesita una respuesta coordinada del Gobierno, las comunidades autónomas y la Unión Europea, con recursos suficientes y una distribución solidaria de responsabilidades.

Y necesitamos frenar los discursos de odio. Las dificultades de gestión no pueden convertirse en hostilidad hacia las personas migrantes ni hacia quienes las acompañan. Defender la convivencia exige rechazar el racismo, cuidar a quienes se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad y reconocer el trabajo de la ciudadanía y de las organizaciones sociales. Desde Movimiento por la Paz defendemos una política migratoria basada en los derechos humanos, con vías legales y seguras, acceso real al asilo, reunificación familiar y reasentamiento. Las fronteras no pueden ser espacios donde los derechos valgan menos. La paz empieza también aquí: en la forma en que miramos, acogemos y protegemos a quienes llegan.