En Movimiento por la Paz -MPDL- hemos participado en la Conferencia Anual del Consejo Europeo para las Personas Refugiadas y Exiliadas (ECRE), celebrada el 4 de junio en Bruselas, un encuentro que reunió a organizaciones internacionales, agencias de Naciones Unidas y entidades de la sociedad civil para analizar las implicaciones de la inminente entrada en vigor del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo (PEMA).

En un contexto marcado por la preocupación ante el nuevo marco normativo europeo, la conferencia congregó a representantes de organizaciones como ACNUR, Cáritas Europa, Oxfam, Danish Refugee Council, Dutch Council for Refugees, European Anti-Poverty Network o Greek Forum of Refugees, SOLIDAR, entre otras. En Movimiento por la Paz participamos como organización miembro de ECRE y facilitamos uno de los talleres técnicos sobre acceso a personas con necesidad de protección en situación de detención.

Durante la jornada, las organizaciones participantes coincidieron en señalar los riesgos que plantea la implementación del nuevo Pacto para la protección internacional. Entre los principales riesgos destacan la reducción de garantías para las personas solicitantes de asilo, la complejidad del nuevo marco jurídico, las limitaciones al derecho de recurso, los problemas de acogida y el retraso en la creación de mecanismos independientes de supervisión en frontera.

Nuestra principal aportación tuvo lugar durante el taller técnico dedicado al acceso a las personas con necesidad de protección en centros de detención, donde la organización asumió funciones de facilitación de las mesas de trabajo y trasladó la experiencia española en materia de protección internacional y gestión migratoria.

Durante el debate, defendimos que la migración debe abordarse como un fenómeno estructural, normalizado y necesario, desde un enfoque centrado en los derechos humanos; y reiteramos la oportunidad perdida que supone este Pacto, fuertemente centrado en el control y externalización de fronteras, lo que se aleja del enfoque en derechos tantas veces reivindicado por la sociedad civil.

Asimismo, expusimos las reformas impulsadas en España para ampliar derechos, reducir la irregularidad administrativa y mejorar la gestión migratoria. Sobresalen especialmente los avances derivados del nuevo Reglamento de Extranjería y del proceso extraordinario de regularización aprobado en 2026. En este ámbito, como organización pusimos en valor el trabajo que desarrollan diariamente nuestros equipos jurídicos en todo el territorio para tramitar expedientes de regularización, arraigo y protección internacional, contribuyendo a facilitar el acceso efectivo a permisos de residencia y trabajo.

También se subrayó la importancia de avanzar hacia un modelo que vaya más allá de la asistencia inmediata y favorezca la inserción social y laboral mediante un enfoque multidisciplinar.

Protección de la infancia y acceso a la asistencia jurídica

Otro de los ejes defendidos fue la protección reforzada de la infancia migrante. Insistimos en que el interés superior del menor constituye una línea roja irrenunciable y defendimos medidas que garanticen la documentación de menores no acompañados y jóvenes extutelados, así como su acceso a la educación y a la protección con independencia de su situación administrativa.

Igualmente, pusimos el foco en el fortalecimiento del derecho a la reagrupación familiar como elemento esencial para favorecer procesos de integración estables y duraderos.

Durante el intercambio con las organizaciones europeas, se trasladó además la preocupación por la futura aplicación del Pacto en materia de asistencia jurídica, alertando de que la ausencia de un marco plenamente consolidado para la asistencia jurídica gratuita en España puede generar situaciones de indefensión durante las primeras fases de los procedimientos en frontera.

Cinco líneas rojas frente al nuevo Pacto

En el debate final, en Movimiento por la Paz fijamos cinco principios que consideramos irrenunciables para la protección de los derechos de las personas migrantes y refugiadas:

• El rechazo a la detención generalizada en frontera, especialmente cuando afecta a menores o personas vulnerables.
• La oposición al uso del concepto de "tercer país seguro" cuando no existan garantías efectivas de protección.
• La limitación de los mecanismos excepcionales que permiten suspender temporalmente las garantías de asilo.
• La defensa del acceso efectivo de abogados y organizaciones sociales a las fronteras.
• El rechazo a cualquier forma de criminalización de las entidades y personas que prestan ayuda humanitaria.

La conferencia concluyó con un llamamiento por parte de las organizaciones participantes a reforzar la cooperación entre la sociedad civil para afrontar los retos derivados de la implantación del nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo.

Para Movimiento por la Paz, la participación en este encuentro ha servido para reforzar su posicionamiento dentro de la red europea de organizaciones especializadas en asilo y refugio, compartir la experiencia desarrollada en España y poner en valor el trabajo de sus equipos jurídicos y multidisciplinares como una herramienta para promover alternativas que garanticen la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas.