Los conflictos y tensiones que ocupan los principales titulares de la agenda internacional tienen como denominador común el papel del territorio, los recursos naturales y el medio ambiente en la construcción —o erosión— de la paz. Groenlandia, Venezuela y Ucrania, aunque muy distintos entre sí, muestran cómo estas dinámicas atraviesan contextos diversos y afectan de manera directa tanto a las personas como a los ecosistemas.

En Groenlandia, el acelerado deshielo asociado al cambio climático está transformando profundamente el territorio. Esta transformación, con claras implicaciones geopolíticas, abre nuevas rutas y facilita el acceso a recursos minerales estratégicos, al tiempo que pone en riesgo ecosistemas frágiles y los modos de vida de las comunidades locales. El escenario evidencia el riesgo de futuras tensiones si el territorio se concibe principalmente desde una lógica de oportunidad económica y estratégica, y no desde la protección del entorno y las propias vidas de quienes lo habitan.

En Venezuela, la atención internacional sobre los recursos energéticos y minerales, con el petróleo en el centro, se cruza con una crisis social y ambiental prolongada. La expansión de actividades extractivas, tanto petroleras como mineras, en zonas de alta fragilidad ecológica tiene impactos directos sobre comunidades locales, pueblos indígenas y ecosistemas clave. La presión creciente sobre el territorio profundiza desigualdades, debilita la cohesión social y dificulta el ejercicio efectivo de derechos vinculados a la tierra, el medio ambiente y los medios de vida.

Estos impactos no son neutros y afectan de manera diferenciada a mujeres, comunidades rurales y poblaciones históricamente empobrecidas, que suelen asumir las cargas más duras del deterioro ambiental, la pérdida de medios de subsistencia y la precarización de la vida cotidiana. Desde una mirada interseccional, resulta imprescindible entender cómo género, clase, territorio y pertenencia étnica se entrecruzan para producir vulnerabilidades específicas frente al modelo extractivo.

El caso de Ucrania representa una de las expresiones más extremas de estas dinámicas. La guerra ha dejado una profunda huella ambiental a través de la contaminación de suelos y aguas, destrucción de infraestructuras energéticas y degradación de ecosistemas esenciales para la vida. A ello se suma el interés por minerales críticos necesarios para la transición energética y las industrias estratégicas, lo que refuerza el valor geopolítico del territorio en un contexto de conflicto armado y de futura reconstrucción.

Aunque distintos, estos escenarios comparten que cuando los territorios se conciben prioritariamente como espacios estratégicos o reservas de recursos, sin situar en el centro a las personas y al entorno, aumentan las tensiones y se reproducen formas de violencia estructural que dificultan la convivencia y la paz, con impactos que desbordan las fronteras locales y se proyectan a escala global.

Además, en este marco más amplio de crisis climática, resulta imprescindible incorporar el impacto ambiental de la industria armamentística. La producción de armas consume enormes cantidades de energía y materias primas, genera emisiones contaminantes y deja una huella ecológica significativa. Su uso provoca destrucción directa de ecosistemas, suelos y fuentes de agua, y sus restos continúan dañando el medio ambiente y la salud de las personas durante décadas. Así, la lógica militar no solo alimenta conflictos, sino que también profundiza la degradación ambiental.

La Paz Ambiental, la paz no puede entenderse únicamente como la ausencia de guerra. Avanzar hacia una paz duradera exige integrar la protección del medio ambiente, la justicia socioambiental y la participación de las comunidades en la gestión de los recursos naturales. Ignorar la dimensión ambiental de los conflictos supone trasladar los costes de las decisiones globales a los territorios en situación de mayor vulnerabilidad.

Desde este enfoque, se abren dos líneas de responsabilidad complementarias. Por un lado, es necesario exigir a la Unión Europea y al Estado español que integren de manera efectiva estos impactos en sus políticas climáticas, de cooperación y comerciales, reforzando marcos como la debida diligencia en materia de derechos humanos y ambientales.

Por otro lado, resulta imprescindible interpelar a los distintos actores económicos, académicos y de la sociedad civil para avanzar hacia modelos de producción y consumo responsables, que reduzcan la presión sobre los territorios y respeten los límites ecológicos.

Los territorios que hoy ocupan los titulares de los medios internacionales muestran que la protección de los ecosistemas, el cuidado de las comunidades y modelos de desarrollo centrados en la vida son elementos clave para prevenir conflictos y avanzar hacia sociedades más justas y pacíficas.

Porque un mundo más pacífico es posible. Hablar de las paces implica reconocer caminos diversos para construir justicia y convivencia. Entre ellos, la paz feminista es clave para avanzar hacia un mundo justo, resiliente y en paz, al situar la vida, los cuidados y la igualdad en el centro.