La brutal represión ejercida contra las protestas civiles en Irán, surgidas como respuesta a la violencia estructural y al autoritarismo del régimen de los ayatolás, ha dejado a miles de personas asesinadas, además de heridas, detenidas y perseguidas. Esta escalada represiva no solo constituye una grave vulneración de los derechos humanos, sino que evidencia la fragilidad de un sistema político sostenido por el miedo, la censura y la negación sistemática de libertades fundamentales. La violencia con la que se reprimen las manifestaciones pacíficas supone una agresión directa contra la sociedad civil y un ataque a los principios básicos de convivencia democrática.

La fuerte oposición al régimen por parte de amplios sectores de la sociedad iraní, y especialmente de las mujeres, representa uno de los movimientos cívicos más relevantes de los últimos años en defensa de la democracia y los derechos humanos. Su papel ha sido clave como motor de resistencia frente a la represión y como símbolo de lucha por la igualdad, la libertad y el derecho a decidir sobre sus vidas. Las mujeres iraníes, junto con jóvenes, activistas, periodistas y defensoras de derechos, están demostrando que la paz no puede construirse sobre la imposición ni el castigo, sino sobre la participación política, la igualdad efectiva y el reconocimiento pleno de derechos. Su resistencia, sostenida muchas veces desde prácticas pacíficas y de desobediencia civil, se convierte en un ejemplo del poder transformador de la acción ciudadana frente a la violencia.

Sin embargo, las autoridades iraníes han intensificado su respuesta mediante el uso desproporcionado de la fuerza, persecuciones masivas, detenciones arbitrarias y una represión dirigida a silenciar toda voz disidente. Este aumento de la violencia estatal implica una negación absoluta de la libertad de expresión, de reunión y de protesta, pilares esenciales de cualquier sociedad democrática. En términos de cultura de paz, la represión institucional no solo genera dolor y pérdida, sino que profundiza el conflicto al romper los mecanismos de confianza social, reducir el espacio cívico e impedir cualquier posibilidad de diálogo inclusivo que permita abordar las demandas legítimas de la ciudadanía.

En un escenario global inestable y profundamente incierto, urge defender los derechos, reivindicarlos y ponerlos en el centro como condición indispensable para la paz. Porque hablar de paz no significa únicamente ausencia de guerra, sino presencia activa de justicia social, igualdad, garantías institucionales y libertad real. La cultura de paz exige denunciar toda forma de violencia, especialmente cuando esta emana de estructuras de poder que reprimen y niegan la humanidad de quienes resisten.

El Movimiento por la Paz -MPDL-, como organización pacifista y comprometida con los derechos humanos, se une a la condena internacional del régimen iraní por la represión ejercida contra su población. Reivindicamos la legitimidad de la actuación cívica y reivindicativa de la ciudadanía iraní y reconocemos, de manera especial, el papel determinante de las mujeres como defensoras de la libertad, la igualdad y la dignidad humana. Asimismo, exigimos el cese inmediato de la violencia contra manifestantes, la liberación de las personas detenidas por ejercer su derecho a protestar y el fin de la persecución contra activistas y defensoras de derechos humanos.

Con la paz siempre en el horizonte: una paz real, construida desde los derechos, desde la participación y desde el compromiso con la vida.