Desde la ONG Movimiento por la Paz -MPDL-, celebramos la apuesta del Gobierno de España de avanzar con los trámites de la regularización extraordinaria promovida por la sociedad civil, a través del movimiento de colectivos de personas migradas y organizaciones antirracistas “Regularización Ya”, que presentaron una Iniciativa Legislativa Popular en diciembre de 2022..

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Esta decisión supone un paso crucial y se alinea en la defensa de los derechos humanos y la justicia social para miles de personas que viven y trabajan en España en una situación administrativa irregular, para muchas de las cuales, como las solicitantes de asilo, la entrada en vigor de la modificación del Reglamento de la Ley de Extranjería supone una peor situación de derecho que la legislación anterior.

Desde el Movimiento por la Paz apoyamos la Iniciativa por una regularización extraordinaria de personas extranjeras, cuyo trámite parlamentario fue aprobado el 9 de abril de 2024 en el Congreso de los Diputados.

El proceso de regularización extraordinaria debe solucionar la situación de indefensión en la que el nuevo Reglamento de Extranjería, en vigor desde el 20 de mayo de 2025, ha colocado a las personas solicitantes de asilo en España. Esta reforma disuade el ejercicio del derecho de asilo y aboca a la irregularidad a una gran cantidad de personas que han desistido de su solicitud de asilo para no verse perjudicados por dicha reforma .

La situación de irregularidad administrativa genera una profunda vulnerabilidad social, expone a las personas a la explotación laboral y a la discriminación, y dificulta su acceso a derechos fundamentales como la sanidad y la educación. Además, impide que muchas víctimas de delitos puedan denunciar por temor a ser sancionadas. Por ello, valoramos con satisfacción que se tenga en cuenta la realidad social de esas miles de personas que contribuyen activamente a nuestra sociedad. Facilitar su acceso a una situación administrativa regular no solo protege sus derechos y oportunidades, sino que también redunda en beneficio del conjunto de la sociedad española.

En este sentido, consideramos fundamental que el procedimiento de regularización que se implemente cumpla con una serie de criterios esenciales para garantizar su efectividad y justicia:

Que, acorde con otros procedimientos, no exija una permanencia en España mayor de seis meses.

Que incluya a las personas extranjeras a quienes la modificación legal coloca en una peor situación legal: en especial a solicitantes de Protección internacional e infancia no acompañada a los que no se les exigirá documentos de imposible o muy difícil acceso.

Que contemple la migración laboral pero también la situación de vulnerabilidad en que se encuentran muchas personas.

Que se extienda, por el principio del interés superior del menor y la protección familiar, a cónyuges, parejas de hecho, hijas e hijos menores o con discapacidad que estén a su cargo, y ascendientes de primer grado dependientes, aunque no cumplan el requisito de los seis meses.

Que no tenga en cuenta antecedentes penales en el país de origen por la defensa de los derechos humanos, ni antecedentes policiales sin condena o derivados de la estancia irregular.

Que suponga el archivo de cualquier procedimiento o sanción por estancia irregular para quienes obtengan la autorización.

En el Movimiento por la Paz rabajamos en la defensa de los derechos de las personas migradas y refugiadas desde nuestra creación hace más de 40 años.Por ello, compartimos que avanzar con el procedimiento de regularización de personas extranjeras posiciona a España como estado garante de derechos frente a políticas centradas únicamente en impedir que personas migrantes lleguen a Europa y al fortalecimiento de fronteras. Supone trabajar en integración, en derechos, en dignidad y en cohesión social. Todas las personas tenemos derecho a una vida digna.