Todas las personas podemos tener la necesidad o el deseo de migrar por diferentes causas o razones a lo largo de nuestras vidas. Todas las personas tenemos derecho a una vida digna.

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En los últimos meses se ha producido –de forma deliberada y organizada por ciertos sectores políticos, de la ciudadanía y medios de comunicación– un gran aumento de los discursos de odio y de noticias falsas con contenido racista y xenófobo vinculadas al reciente incremento de llegadas de personas en cayucos a Canarias y a su reubicación en distintas zonas de España para garantizarles una acogida digna, tal como es obligación de todos los Estados que firmamos los acuerdos europeos e internacionales en materia de migración, asilo y Derechos Humanos.

Por desgracia, asistimos al uso de la migración con fines partidistas, aun cuando todas y todos son/somos conscientes de la responsabilidad ética, política y legal que tenemos en materia humanitaria y en materia de acogida y de la necesidad de regular procesos migratorios reales y seguros.

Esta obligatoriedad está vinculada al artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que reconoce como Derecho Humano el de salir de un país, incluido el propio y a los compromisos de la UE que son de obligado cumplimiento para los Estados miembro. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible reconoce el rol de agente transformador de las personas migrantes al crecimiento inclusivo y al desarrollo sostenible. Son muchos los Objetivos de la Agenda con indicadores y metas relativas a migración.

Detrás de cada decisión de migrar hay una historia personal que puede estar vinculada a falta de oportunidades, desigualdad social, violencias, guerras, conflictos, persecuciones, discriminaciones o circunstancias derivadas del cambio climático. La elección de migrar o la necesidad de huir en la mayoría de las ocasiones no es libre, quien toma esta decisión no encuentra otra alternativa. Por ello, la inversión en el desarrollo de los países de origen de las personas migrantes resulta crucial.

Por todo ello, reclamamos vías legales y seguras de entrada a la UE, y por tanto también a nuestro país, que hoy no son efectivas ni suficientes. Una vez llegan a España reclamamos recursos para una acogida digna y garantías para el respeto a los derechos humanos que todas las personas tenemos, así como responsabilidad política y social, tanto en acciones, como en discursos.

Como sociedades “de acogida” es nuestra obligación, ética, política y legal, garantizar que se cumplan los derechos de cada una de las personas que se encuentran en el territorio español. Más aún cuando hablamos de personas en situación de extrema vulnerabilidad y desprotección: son necesarias políticas basadas en Derechos Humanos, asegurando su cumplimiento, así como procedimientos garantistas en derechos, incluidos los procedimientos en frontera.

Hablamos, por tanto, de obligaciones y derechos, no de opciones partidistas: la acogida y la atención integral que garantice los Derechos Humanos de las personas es una obligación ineludible de todas las instituciones y administraciones que conforman el Estado, y un derecho inherente de todas las personas en territorio español. Es necesaria una acogida y procesos de integración dignos con los recursos y plazos necesarios, así como un aumento de la coordinación entre las administraciones públicas.

Dado que estamos hablando de personas, de hombres, mujeres, niñas y niños, es fundamental recordar que, frente a la deshumanización, la polarización y la criminalización de la migración con fines electorales y partidistas que generan discursos de odio y violencias, lo que está en juego es la vida de las personas.

Los movimientos de población son una constante histórica, y la respuesta que den los Estados a este hecho va a marcar el futuro del mundo. Resulta imperativo el cumplimiento de los Derechos Humanos y el trato digno a las personas migrantes: todas las personas tenemos derecho a una vida digna.

Manuel de la Rocha Rubí. Presidente del MPDL

Carlos Berzosa Alonso-Martínez. Presidente de CEAR

Juan Antonio Miralles Ortega. Presidente de CEPAIM

Pilar Samanes Ara. Presidenta de ACCEM

Santiago González Avión. Presidente de Red Acoge