En el Día Mundial de las Personas Refugiadas, desde el Movimiento por la Paz -MPDL- alzamos la voz para denunciar el preocupante retroceso global en los derechos de las personas refugiadas y solicitantes de asilo. En un contexto marcado por el cierre de fronteras, la externalización del control migratorio y la normalización de la violencia institucional, tanto en Europa como en Estados Unidos, se están vulnerando de forma sistemática los principios fundamentales del derecho internacional y los compromisos adquiridos en materia de protección internacional.

Estas políticas no solo obstaculizan el acceso efectivo al derecho de asilo, sino que generan efectos devastadores en regiones de tránsito y origen. Los acuerdos de contención, la militarización de las fronteras y las presiones geopolíticas perpetúan la inseguridad, bloquean rutas de escape y agravan los factores estructurales que obligan a millones de personas a desplazarse: la violencia armada, la persecución política, la ocupación, la crisis climática y el colapso institucional, como ocurre en contextos como Palestina o el Sahel.

Ante esta realidad, hacemos un llamamiento urgente a una corresponsabilidad internacional efectiva que priorice la garantía del derecho de asilo y la protección de las personas refugiadas. Es indispensable avanzar en soluciones duraderas basadas en la paz, la justicia y la dignidad humana. Esto exige políticas concretas que garanticen el salvamento de vidas, el acceso a procedimientos de asilo justos y seguros, y mecanismos sostenibles de reasentamiento, retorno voluntario y reintegración. Estas medidas deben estar alineadas con los principios del Pacto Mundial sobre los Refugiados, el Pacto Mundial sobre Migraciones y los compromisos de la Agenda 2030.

Desde el Movimiento por la Paz denunciamos con firmeza la creciente criminalización de quienes defienden los derechos de las personas refugiadas: organizaciones sociales, defensoras de derechos humanos y personal humanitario, especialmente en las fronteras exteriores de la Unión Europea y en el Mediterráneo central. Defender el derecho de asilo no puede ni debe ser considerado un delito. Reivindicamos el papel fundamental de las mujeres refugiadas como agentes de paz y resiliencia. Su participación activa en la toma de decisiones que afectan a su protección debe garantizarse conforme a la Agenda Mujeres, Paz y Seguridad y al III Plan Nacional de España. Exigimos la urgente necesidad de establecer rutas seguras y vías legales de llegada a España para las personas migrantes y solicitantes de protección internacional. Es imperativo que España y la Unión Europea implementen políticas migratorias que prioricen la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales. Además, es esencial que estas políticas adopten un enfoque interseccional, reconociendo y abordando las diversas formas de discriminación y vulnerabilidad que afectan a las personas migrantes, especialmente a mujeres, niñas, niños y personas LGTBIQ+. Esto implica garantizar una atención especializada que considere las particularidades de cada individuo y grupo, promoviendo su inclusión y protección efectiva.

Rechazamos con contundencia los discursos de odio, racismo y xenofobia que estigmatizan a las personas refugiadas, dificultan su integración y ponen en riesgo su seguridad. El derecho a solicitar asilo y a ser acogidas con dignidad debe estar en el centro de todas las políticas públicas. Defendemos una acogida digna, inclusiva y basada en derechos, construida desde los territorios, con la participación activa de las entidades sociales, las comunidades locales y las propias personas refugiadas. Esta visión debe estar acompañada de una política exterior, de asilo y de cooperación internacional coherente, feminista y comprometida con el desmantelamiento de las causas del desplazamiento forzado.

Es urgente avanzar hacia marcos normativos y políticas europeas y nacionales centradas en las personas y en los derechos humanos, que garanticen el acceso efectivo a la protección y superen el enfoque de control y externalización que actualmente prevalece. Reclamamos un giro firme hacia modelos de gestión humanitarios y garantistas, que prioricen la vida, la dignidad y la libertad frente a intereses de contención. Trabajar en derechos e integración favorece la cohesión social y el fortalecimiento democrático. Por ello, resulta esencial promover narrativas que reconozcan el valor de proteger el ejercicio efectivo del derecho de asilo, combatiendo el miedo y la desinformación con justicia, humanidad y verdad.

Asimismo, la sociedad civil debe contar con un espacio real, seguro y garantizado para participar activamente en el monitoreo y evaluación de las normas y políticas migratorias que puedan afectar a los derechos humanos. La vigilancia ciudadana, la transparencia y la rendición de cuentas son elementos esenciales de una democracia que aspira a ser justa y solidaria. Por otro lado, alertamos sobre el impacto creciente de la crisis climática como factor de desplazamiento forzado. Es urgente integrar la movilidad climática en las agendas de protección internacional y justicia ambiental, poniendo especial atención en las comunidades más vulnerables y afectadas.

Finalmente, desde el Movimiento por la Paz –MPDL-, reafirmamos que la escalada armamentística y la proliferación de conflictos bélicos son causas directas del aumento de personas refugiadas y desplazadas forzosamente en todo el mundo. Nuestra experiencia en contextos como los Balcanes, Oriente Próximo y, más recientemente, Ucrania, nos ha mostrado que el rearme no solo no garantiza la seguridad, sino que alimenta un círculo vicioso de violencia y sufrimiento humano. Por ello, abogamos por políticas de distensión y resolución pacífica de los conflictos, priorizando la diplomacia y la cooperación internacional sobre la disuasión militar. La paz no se construye con más armas, sino con más diálogo, justicia social y respeto a los derechos humanos. Es imprescindible que los Estados y organismos internacionales redirijan sus esfuerzos y recursos hacia la prevención de conflictos y la promoción de una cultura de paz que evite nuevas crisis humanitarias y garantice la dignidad de todas las personas.

Hoy, más que nunca, reafirmamos nuestro compromiso con la defensa de los derechos humanos, la construcción de paz y la justicia global. Las personas refugiadas no solo necesitan protección: necesitan un mundo que garantice su dignidad, su libertad y su futuro.