La emergencia sanitaria y social provocada por la COVID-19 ha impactado en las condiciones de vida de millones de personas, con efectos doblemente devastadores sobre aquellas que ya se encontraban en situación de pobreza y riesgo de exclusión social. El Ingreso Mínimo Vital resulta fundamental como parte del escudo social.

La emergencia COVID-19 ha acentuado las desigualdades estructurales existentes en nuestra sociedad. Una sociedad donde casi 600.000 familias carecen de ingresos, donde antes de la emergencia un 26% de la población vivía en riesgo de pobreza y exclusión y 2,5 millones de personas en situación de pobreza severa. España tiene, además, una de las tasas más altas de la Unión Europea en cuanto a pobreza infantil, con el 29,5% de los niños y niñas, o lo que es lo mismo, uno de cada tres menores, en riesgo de exclusión social.

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- apoyamos la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital por considerarlo parte del escudo social, un derecho de las personas a vivir con dignidad y un paso más hacia la justicia social. Un ingreso mínimo estatal digno es un derecho subjetivo de las personas, independientemente de su procedencia u origen, que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Es un avance para la construcción de una sociedad más justa. Es un derecho para que miles de personas y sus familias puedan tener una oportunidad y para la sociedad supone una inversión social para un desarrollo económico más equilibrado.

Porque en demasiadas ocasiones la pobreza se percibe como algo natural e inmutable a las personas que se encuentran en ella y, en su caso, se justifica con razones aleatorias, como la mala suerte, o mediante la culpabilización por "la falta de esfuerzo suficiente" para salir de ella, por lo que la sociedad sigue perpetuando y normalizando la pobreza. Esta visión estereotipada y de rechazo a las personas en situación de pobreza es uno de los pilares en los que se fundamenta el rechazo al Ingreso Mínimo Vital.

Como organización, nuestra labor se centra en la construcción de sociedades más justas y pacíficas, entendiendo la paz como mucho más que la ausencia de guerra, mediante la eliminación de toda forma de violencia. La pobreza es una forma de violencia estructural y, por tanto, su eliminación se convierte en uno de los objetivos fundamentales de nuestras intervenciones tanto dentro como fuera de España.