En España, los datos obtenidos en el estudio que aquí presentamos, liderado por el Movimiento por la Paz –MPDL-, han sido utilizados por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (FRA, en sus siglas en inglés) para su estudio comparativo.

---

Es necesario subrayar que las conclusiones y opiniones del estudio en España pertenecen al equipo de expertos que las ha realizado, y no a la FRA, cuyas opiniones y recomendaciones pueden consultarse en el informe comparativo.

Los datos obtenidos en España corroboran las principales conclusiones obtenidas en el informe de la FRA, si bien es cierto que existen algunas diferencias y particularidades. Los profesionales entrevistados creen que se han realizado muchos avances en la adaptación de la justicia a la infancia, sin embargo muchos coinciden en que se destinan más recursos con este objetivo en la justicia criminal que en la civil. Y casi todos piensan que, a pesar de esto y en general, los procedimientos judiciales no se adaptan a los menores involucrados en ellos.

Las conclusiones principales del estudio en nuestro país, según los diferentes derechos reconocidos para los menores, son las siguientes:

Respecto al derecho a ser oído, los profesionales opinan que  en muchos casos los menores son sometidos a un alto número de audiencias realizadas por diferentes
profesionales (policías, médicos forenses, los servicios sociales, jueces, equipos psicosociales, etc.), lo que genera una victimización secundaria innecesaria.

Respecto a la forma en la que se desarrollan estas audiencias, se detecta una falta de protocolos de actuación unificados que marquen la metodología a seguir.  Además, la mayoría de los tribunales no tienen habitaciones especialmente adaptadas para la realización de las audiencias. Sólo existen algunas habitaciones adaptadas en algunos tribunales de justicia penal, sobre todo cuando los servicios que se ofrecen a los menores involucrados están gestionados por sociales
organizaciones, sobre todo en los procedimientos de abuso sexual y maltrato.

Detectamos una tendencia creciente a que las audiencias con menores se realicen por profesionales sociales, sobre todo psicólogos. La mayoría de los entrevistados coinciden en que esta es la mejor opción para los menores, ya que están mejor capacitados que los profesionales del derecho. Los protocolos y metodología utilizados por estos profesionales les permiten obtener más información mientras que al mismo tiempo se garantizan mejor sus derechos y se previene la victimización secundaria.

Respecto al derecho a ser informado, tampoco existen protocolos unificados sobre cómo se debe dar la información. Sólo en algunos casos de justicia criminal, donde los menores son víctimas de abuso sexual y/o maltrato, hemos detectado que los profesionales sociales utilizan materiales específicos informativos que ayudan a dar la información de una manera adaptada al lenguaje y edad de los menores.

Por último, respecto al derecho denominado interés superior del menor, los profesionales creen que existen diferentes interpretaciones del mismo, pero que existe un consenso general para hacer prevalecer la protección del menor sobre el derecho a ser escuchado y el derecho a ser informado.

Las recomendaciones que los expertos creen que se deberían realizar para mejorar la adaptación de la justicia a la infancia son:

Disminuir el número de audiencias por el que pasa cada menor, para prevenir la victimización secundaria.

• Utilizar siempre que sea posible la prueba Preconstituida (audiencia realizada por un psicólogo, en la que está presente el tribunal a través de un cristal unidireccional, y que sirve a todos los efectos como única declaración para los menores) .
• Tener en todos los juzgados salas especialmente adaptadas a la infancia.
• Reducir el tiempo promedio entre la investigación preliminar y la audiencia oral.
• Aumentar la cooperación entre los profesionales sociales y legales para garantizar un mejor tratamiento de los menores, tanto en los procedimientos civiles como en los criminales.
• Realizar una formación adecuada y específica para todos lo profesionales, jurídicos y sociales, sobre cómo tratar con jóvenes y menores.
• Diseñar e implementar protocolos de actuación de obligado cumplimiento para mejorar las audiencias.
• Garantizar siempre el interés superior del menor.