Ante la aprobación, ayer 11 de Diciembre de 2014, del Proyecto de Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana en el Congreso de los Diputados, el Movimiento por la Paz –MPDL- quiere expresar su preocupación por el recorte de derechos fundamentales que la aprobación y aplicación de dicha Ley podría suponer para la ciudadanía española. Igualmente, lamentamos la legalización en la propia Ley de las “devoluciones en caliente”, práctica que vulnera derechos básicos de las personas inmigrantes.

A pesar de las modificaciones realizadas durante los últimos meses en el Anteproyecto de la Ley, consideramos que el texto definitivo aprobado ayer en el Congreso de los Diputados sigue vehiculando un enfoque represivo del concepto de seguridad ciudadana, poniendo en peligro diferentes derechos fundamentales garantizados por la Constitución Española.

Igualmente, manifestamos que consideramos esta Ley innecesaria por diferentes motivos:

1. Por su pertinencia. No existen datos objetivos que den cuenta de un repunte en los niveles de inseguridad ciudadana ni en las percepciones de inseguridad por parte de la ciudadanía. Según los últimos sondeos de opinión nacionales y comunitarios, España es uno de los países con menores tasas de delincuencia de la Unión Europea y la inseguridad ciudadana es considerada por la ciudadanía española como el decimotercer problema del país.

   Por otro lado, consideramos que el ordenamiento jurídico existente, en el marco de un Estado de Derecho como el español, supone de por si garantía suficiente para salvaguardar los derechos individuales y colectivos que conducen a una “seguridad ciudadana” efectiva y plena, haciendo innecesaria la adopción de legislación adicional en este ámbito.

2. Por su enfoque. El Proyecto de Ley Orgánica concibe el concepto de “Seguridad Ciudadana” desde un ángulo eminentemente restrictivo en el que se otorgan poderes excesivos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que, en gran medida, vienen a sustituir al sistema judicial en la tarea de juzgar y sancionar conductas contrarias a la Ley.

   En este sentido, consideramos que este enfoque policial de la seguridad ciudadana es contrario al espíritu que se le confiere en la Constitución Española. En ella, si bien se otorga un papel fundamental a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la preservación de la seguridad ciudadana, esta se concibe más bien como consecuencia derivada del respeto de toda una serie de derechos fundamentales.

3. Por la pérdida de garantías para la ciudadanía que conlleva la Ley. La Ley articula una serie de disposiciones mediante las cuales se sancionan administrativamente conductas que hasta ahora estaban recogidas como faltas por el Código Penal, lo que implicaba la celebración de un juicio, el establecimiento de una multa en función de la capacidad económica del infractor y la obligación del pago una vez probado todo el proceso.

   En virtud del Anteproyecto aprobado, las conductas serán sancionadas por la mera decisión de la Administración, de forma que bastaría la palabra de un policía, y no la sentencia de un juez, para iniciar un proceso de sanción.

De forma paralela a las anteriores consideraciones, desde el Movimiento por la Paz mostramos nuestra indignación por la inclusión en el texto de la Ley Orgánica de una Disposición, en la que se especifica que “Los extranjeros que sean detectados en la línea fronteriza de la demarcación territorial de Ceuta o Melilla mientras intentan superar, en grupo, los elementos de contención fronterizos para cruzar irregularmente la frontera podrán ser rechazados a fin de impedir su entrada ilegal en España”.

Esto supone legalizar las denominadas “devoluciones en caliente”, práctica contraria a la legislación nacional e internacional en vigor, que supone la vulneración de toda una serie de derechos fundamentales de las que son acreedoras las personas inmigrantes.

Por todo ello, el Movimiento por la Paz muestra su preocupación por la aprobación de la Ley en el Congreso de los Diputados y recuerda al Gobierno de España su obligación de garantizar la protección de las personas ante violaciones de derechos fundamentales, así como de asegurar el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, tal y como se recoge en los principales instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de los que forma parte y, por tanto, le vinculan.