The undersigned organizations and congress members reject the violent acts of which the Awá people have been victims in the department of Nariño, particularly in the townships of Junín, Buenavista and El Diviso (Barbacoas); the townships of La Guayacana and Llorente (Tumaco) and the municipality of Ricaurte.

Bogotá, agosto 27 de 2020. Como organizaciones internacionales de la sociedad civil alertamos sobre el recrudecimiento de la violencia contra niños, niñas, jóvenes y adolescentes, los asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales y personas en proceso de reincorporación, con quienes el Estado tiene obligaciones conforme a la Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos.

Desde Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia condenamos y denunciamos la masacre sucedida el 28 de julio en el resguardo indígena Awá Ñambí Piedra Verde, en el municipio de Barbacoas del departamento de Nariño en Colombia, y exhortamos al fin urgente de toda forma de violencia y vulneración de los Derechos Humanos ante la crisis humanitaria generada por el recrudecimiento de la guerra en la región y a la crisis asociada a las medidas de contención de la COVID-19 que se están llevando a cabo.

El Movimiento por la Paz en Guatemala, con la colaboración de las organizaciones socias REDMUSOVI y la Red de Derivación de Sololá, y el apoyo de AECID y AACID, ha realizado un reparto productos de alimentación, protección y limpieza a 1.084 personas en situación de vulnerabilidad del Departamento de Sololá.

Para las Organizaciones de la sociedad civil internacional que suscribimos el presente comunicado resultan inadmisibles los señalamientos de los que han venido siendo objeto los comisionados y comisionadas de la CEV y de manera particular su presidente el padre Francisco de Roux S.J.., por parte de miembros del partido de gobierno y de un exministro de defensa y exembajador quienes, desde su oposición al acuerdo de Paz, insisten en descalificar el juicioso y responsable trabajo que viene realizando la Comisión como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, de carácter temporal y extrajudicial.

Las Organizaciones internacionales de sociedad civil que suscriben el presente comunicado expresan su solidaridad con las más de 130 personas, entre ellas, periodistas, integrantes de partidos políticos, ONGs, defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la revista Semana, vienen siendo víctimas de un nuevo episodio de interceptaciones ilegales, mediante la implementación de un programa de seguimiento informático, ejecutado por varias unidades del Ejército nacional. Estas interceptaciones que incluyen incluso altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque, ponen en cuestión las garantías de los principios constitucionales y democráticos en Colombia.

Organizaciones Internacionales de Sociedad Civil respaldan el llamamiento al Acuerdo Humanitario Global de las Naciones Unidas y el llamado de Misión ONU Colombia por un cese al fuego y piden que se proteja la Vida de todas las personas en condición de vulnerabilidad en medio de la pandemia.

Este proyecto del Movimiento por la Paz -MPDL- tiene como objetivo mejorar las condiciones higiénico sanitarias, contribuir a la gestión eficiente del sistema de recogida de residuos y promover hábitos respetuosos con el medio ambiente entre la población de Centro Habana.

En Guatemala, en los dos últimos años se ha intensificado progresivamente un visible retroceso imparable en materia de Derechos Humanos y el predominio de una cultura violenta en la resolución de conflictos, que afecta especialmente la labor de las y los defensores de Derechos Humanos.

Respecto a la reciente petición del gobierno colombiano a la Corte Constitucional para autorizar el retorno de las fumigaciones aéreas con glifosato, las organizaciones internacionales abajo firmantes manifestamos que el empleo de este herbicida como herramienta para la erradicación de cultivos de uso ilícito representa un grave peligro para la salud humana, el medio ambiente y la construcción de una paz estable y duradera.