Desde la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ) mostramos nuestra profunda preocupación ante la escalada de persecución, violencia y asesinatos de personas en Colombia.

Organizaciones internacionales de sociedad Civil urgen al Gobierno de Colombia a garantizar el ejercicio pacífico del derecho legítimo, a la reunión y manifestación pública, consagrado en la Constitución Política de Colombia y a proteger la vida de quienes lo ejercen.

La ONG Movimiento por la Paz denunció ayer ante la Fiscalía Provincial de Madrid, Sección de Delitos de Odio y Discriminación, un cartel publicitario parte de la campaña para las elecciones en la Comunidad de Madrid presentado el pasado martes.

Este 8M reivindicamos el feminismo, la igualdad entre mujeres y hombres, en un momento crucial para la humanidad. La reconstrucción post-Covid debe avanzar hacia la plena igualdad cuando están emergiendo movimientos en el mundo contra el feminismo, las feministas y los derechos de las mujeres.

Las entidades que conformamos la Alianza por una Ley de Igualdad de Trato y No Discriminación, referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y Antigitanismo, expresamos nuestra satisfacción por la tramitación parlamentaria de la norma en el Congreso, con la presentación de una Proposición de Ley el pasado 21 de enero. Esperamos que en esta ocasión la tramitación culmine con su aprobación definitiva, dado que se trata de un proyecto legislativo que llevamos reclamando desde hace más de 12 años, tal y como han venido instando a España numerosos organismos internacionales y europeos de protección de los derechos humanos.

Naturalizar las migraciones y los movimientos humanos, eliminar la división del ‘otro’ y promover la Cultura de Paz resulta fundamental para la construcción de sociedades acogedoras, abiertas y plurales, el único camino posible para la convivencia pacífica.

La tragedia sucedida con el incendio de la nave industrial de Badalona en la que habitaban decenas de personas, la mayoría de ellas migrantes, pone de relieve la necesidad de buscar soluciones conjuntas y duraderas para garantizar los derechos de las personas migrantes en situación de mayor vulnerabilidad.

Los hechos sucedidos en la isla de Gran Canaria, en los que 200 personas que dormían en el puerto de Arguineguín han sido desalojadas y reubicadas sin ser redirigirlas a las redes de acogida es una muestra de falta de previsión, y a la vez expresión de la necesidad urgente de llevar a cabo un plan integral de acogida humanitaria.

La Alianza por una Ley de Igualdad de Trato está formada por Accem, Asociación Rumiñaui, CEAR, Fundación Cepaim, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz y Red Acoge.