Desde Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia condenamos y denunciamos la masacre sucedida el 28 de julio en el resguardo indígena Awá Ñambí Piedra Verde, en el municipio de Barbacoas del departamento de Nariño en Colombia, y exhortamos al fin urgente de toda forma de violencia y vulneración de los Derechos Humanos ante la crisis humanitaria generada por el recrudecimiento de la guerra en la región y a la crisis asociada a las medidas de contención de la COVID-19 que se están llevando a cabo.

Para las Organizaciones de la sociedad civil internacional que suscribimos el presente comunicado resultan inadmisibles los señalamientos de los que han venido siendo objeto los comisionados y comisionadas de la CEV y de manera particular su presidente el padre Francisco de Roux S.J.., por parte de miembros del partido de gobierno y de un exministro de defensa y exembajador quienes, desde su oposición al acuerdo de Paz, insisten en descalificar el juicioso y responsable trabajo que viene realizando la Comisión como uno de los componentes del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No repetición, de carácter temporal y extrajudicial.

Fundación Cepaim, Fundación Secretariado Gitano, Movimiento por la Paz -MPDL- y Red Acoge, todas ellas organizaciones de la sociedad civil referentes en la lucha contra todas las formas de racismo, xenofobia y antigitanismo, han hecho pública hoy su “Alianza por una Ley de Igualdad de Trato”. Con esta iniciativa persiguen que se dé impulso a la tramitación de una Ley integral de Igualdad de Trato y No Discriminación que establezca un régimen de infracciones y sanciones, incluyendo la obligación de reparación de los daños y perjuicios causados a las víctimas, y que cree una autoridad independiente para velar por su cumplimiento y monitorizar la vulneración de derechos fundamentales.

En el Día de las Personas Refugiadas reivindicamos el asilo como un derecho inherente a todos los seres humanos. Para ello, resulta crucial reforzar los mecanismos existentes para el ejercicio de ese derecho en España y seguir apostando por la construcción de sociedades de acogida basadas en los principios de la Cultura de Paz.

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- nos sumamos a la ola global de solidaridad y denuncia como consecuencia del asesinato de George Floyd en Minnesota, Estados Unidos, tras un nuevo episodio de abuso y racismo policial.

Comunicado de organizaciones de la sociedad civil comprometidas en la lucha contra la discriminación racial o étnica en España.

Las Organizaciones internacionales de sociedad civil que suscriben el presente comunicado expresan su solidaridad con las más de 130 personas, entre ellas, periodistas, integrantes de partidos políticos, ONGs, defensoras de derechos humanos y sindicalistas, quienes, de acuerdo con las investigaciones de la revista Semana, vienen siendo víctimas de un nuevo episodio de interceptaciones ilegales, mediante la implementación de un programa de seguimiento informático, ejecutado por varias unidades del Ejército nacional. Estas interceptaciones que incluyen incluso altos funcionarios del Gobierno de Iván Duque, ponen en cuestión las garantías de los principios constitucionales y democráticos en Colombia.

Una gran parte de la labor del Movimiento por la Paz -MPDL- está enfocada a mejorar y proporcionar oportunidades a las personas en situación de mayor vulnerabilidad. Esto quiere decir que, incluso sin ninguna crisis añadida, en nuestra sociedad tenemos profundos desequilibrios. En estos momentos tan difíciles, como sociedad debemos evitar que las personas que ya parten con situaciones de gran vulnerabilidad social se queden, una vez más, en un plano secundario.

Las mujeres somos la mitad de la población del planeta y sin embargo no tenemos los mismos derechos que la otra mitad por el simple hecho de ser mujeres, haciendo frente, además, a distintos tipos de violencias: físicas, sexuales, psicológicas, económicas, culturales, educativas e institucionales.

Desde el Movimiento por la Paz -MPDL- mostramos nuestra profunda preocupación ante las graves medidas que los gobiernos de Grecia y Turquía están llevando a cabo contra personas migrantes y refugiadas en sus territorios.